Personas con ingresos, trabajo, e incluso vivienda propia, pero que rechazan pagar los altos precios del alquiler al ser destinados a la isla. Es el nuevo perfil de okupa que están constatando detectives y abogados, sobre todo en fincas rústicas y promociones de obra nueva, que se une al fenómeno de la inquiokupación, con mafias organizadas incluso con asesoría legal, utilizando la falsa vulnerabilidad. Bajo el amparo de la ley, los procesos se dilatan en el tiempo durante años, perjudicando a propietarios y agravando el problema de la falta de oferta.
La emergencia habitacional de Baleares, especialmente en Mallorca e Ibiza, está provocando situaciones insólitas. La falta de mano de obra se agrava con la escasez de viviendas y el alto precio de los alquileres y habitaciones, por lo que muchos de los trabajadores desplazados de la península, destinados a las islas, rechazan sus ofertas laborales. En cambio, otros deciden okupar viviendas. Son casos aislados, aunque según abogados especializados y detectives, han ido en aumento desde los últimos cinco años, manteniéndose ahora en una situación constante.
Lo confirman desde detectives Cabanach, donde cuentan una sección especial para atender las okupaciones. "No hay semana que no se den casos en las islas". Así lo adelantaron en el programa especial de esRadio 97.1.
El principal problema que encuentran es que "no se trata de personas vulnerables; el 80 por ciento de los casos son situaciones ficticias, ya que cuentan con nómina (muchas veces en negro) e incluso en algunos casos se ha dado que tenían viviendas en propiedad en su comunidad de origen". En Palma, la principal zona afectada por este fenómeno es el Llevant.
Las principales tipos de propiedades en las que se está dando esta problemática son las fincas rústicas, sin apenas vigilancia e inhabitables (es decir, sin agua corriente ni luz); pisos de obra nueva (promociones a punto de entregar) y en segundas viviendas, sobre todo en zonas turísticas como Cala Millor, Can Picafort, Muro o Alcúdia, especialmente en marzo, cuando todavía no ha arrancado oficialmente la temporada y los pisos están vacíos. La mayoría suelen okupar en grupo.
"El 80 por ciento de los casos son falsos vulnerables"
En las okupaciones, los detectives insisten en la importancia de cuánto se tarda en tener constancia de lo ocurrido. La Policía, asegura el dectetive Juan Carlos Cabanach, "actúa rápidamente". Más fácil aún es si se trata de tu vivienda principal: "Al acreditar al momento que es la vivienda propia los agentes desalojan rápidamente".
Diferente es la situación en segundas residencias, donde el aviso de los vecinos suele ser fundamental. El problema es en zonas turísticas, cuando apenas vive gente todavía en temporada baja.
Cuando se irrumpe en la vivienda "desde la picaresca y la preconstitución del delito", deja de ser un tema penal, y pasando a lo civil, "lo que entonces necesita pruebas, y puede alargar el proceso en hasta más de tres años". Muchos propietarios tienen que aportar dinero de sus bolsillos para pagar a estas empresas de investigación privadas, y así lograr la información suficiente para poder llegar a un acuerdo con los okupas, o bien poder demostrar que no se trata de personas vulnerables.
"Los procesos de desalojo pueden alargarse hasta tres años"
Los investigadores -y la propia Policía- tienen constancia de la existencia de mafias dedicadas a la okupación, que cuentan incluso con asesoría legal.
El detective ha explicado el caso que acabó en condena, en una finca en Palma, en la calle de los Molinos, de una promotora, donde se dieron cuenta que no había sistema de seguridad y una mafia tomó el edificio como sede de venta de drogas y tráfico de mujeres.
Muchos utilizan la picaresca e "impunidad" de la nueva ley para simular situaciones de vulnerabilidad, en muchos casos con menores, para así evitar el desalojo.
¿En qué sentido? El abogado especializado en derecho económico penal, Pablo Juanico, explica que "mediante esta fórmula, los inquilinos logran verse protegidos por la Ley, dificultando la adopción de rápidas respuestas por parte del propietario para recuperar la posesión de su inmueble". En concreto, la nueva Ley de Vivienda establece que en el caso de demostrarse vulnerabilidad económica, se permite suspender el proceso, ofreciendo especial protección a cualquier persona que diga que es vulnerable, lo sea o no. Entra en un procedimiento burocrático en el que se aporta documentación, se valora y los retrasos terminan beneficiando al okupa”.
Los especialistas penales aseguran también la existencia de mafias, que actúan "fingiendo un contrato de alquiler legal, con todas las garantías, engañando a los trabajadores que no saben que realmente esa vivienda ha sido okupada". "El ingenio de estas personas y, en muchas ocasiones el asesoramiento por expertos, también han contribuido notoriamente a llegar a esta situación, puesto que se han buscado nuevas fórmulas para okupar inmuebles bajo el amparo protector de la Ley. En cierto modo se puede afirmar que se utiliza el sistema para burlar el sistema", añade.
Sobre cómo operan estas mafias, Juanico explica que "generan diversa documentación falsa para lograr la firma de un contrato, a cambio de un pago o comisión, como para la propia organización con el fin de disfrutar ella misma del inmueble; e incluso para utilizar el inmueble para llevar a cabo otros actos delictivos, como podría ser la elaboración o venta de sustancias estupefacientes. Tampoco puede descartarse un papel más secundario de la organización, indicando los beneficios de esta forma de actuar e indicando los pasos a seguir para lograr la firma del contrato de arrendamiento".
En el caso de la inquiokupación, también se está dando en la isla casos por parte de extranjeros, según la constancia de los detectives, "con alto poder adquisitivo pero sin propiedades a su nombre". Cabanch explica que "pagan todo en efectivo, alquilan villas por un tiempo de seis meses y pasado ese periodo alegan no poder sacar el dinero de su país". Muchas veces, relata, realizan incluso construcciones que conllevan infracciones urbanísticas, un proceso que se llega a alargar hasta cinco años, y que en la mayoría de casos acaba en una negociación; no pagan la deuda a cambio de irse y quitar la denuncia".
"Los okupas y las mafias cuentan con asesorías legales"
Este fenómeno al ser del ámbito civil, dilata el proceso, y se da en inquilinos que acaban su contrato de alquiler, y deciden no pagar y quedarse aún así en la vivienda como okupas, alegando muchas veces a dicha vulnerabilidad. Todo ello, supone la contratación de abogados, detectives, revisión de registros mercantiles...lo que alarga el proceso de desahucio y el lanzamiento se va alargando.
Los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona vulnerable. En caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda, por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica. Además, se desestimarán "las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique" si "el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante"y si el propietario es un gran tenedor: se le cancelarán todos los procesos si no certifican que han intentado conciliar con los infractoresque sean considerados vulnerables.
¿Se puede condenar al inquilino por estafa? Juanico relata que "siempre que se acredite que firmó el contrato a sabiendas de que iba a incumplir y con el fin de verse ilegítimamente protegido por la Ley en su nueva condición de arrendatario". "La realidad es que acreditar lo anterior puede ser un problema en la práctica, puesto que no es fácil probar la decisión o intención del inquilino antes de la firma del contrato. Ello se podría llegar a acreditar mediante el propio actuar del inquilino (no paga desde un primer momento o deja de pagar a los pocos meses), la posible falsedad de la información otorgada (afirmar que está trabajando cuando no lo está, que cobra un salario muy superior al real, aportar garantías inexistentes, etcétera), la existencia de una posible organización criminal tras dichos contratos y tras el análisis del resto de las circunstancias que envuelven cada caso".
Sobre la principal diferencia con la okupación, el abogado resalta que en esta última "no hay denuncia penal, ni medidas cautelares, al haber firmado un contrato".
Las islas registraron 407 denuncias por okupaciones ilegales en 2023, una cifra en descenso respecto a 2021, año en que se dispararon hasta las 509, según datos del Ministerio del Interior. El archipiélago se encuentra entre el top 10 de comunidades con más okupaciones.
El Ayuntamiento de Palma prevé, antes de verano, poner en marcha dentro de la existente oficina antidesahucios la 'Oficina Antiokupación', dotada de varios departamentos, con expertos legales y jurídicos, con el fin de asesorar sobre problemas relacionados con la okupación ilegal.
Se espera que esté coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad, como la Policía Local.
Los expertos recomiendan asesorarse antes de la firma de cualquier contrato y, para hacer frente a la okupación ilegal, "es urgente" que "las administaciones impulsen medidas que faciliten el acceso a la vivienda y, a su vez, garanticen los derechos de los propietarios que arriendan sus inmuebles".
"Una excesiva limitación de los derechos de los propietarios conlleva a una contracción en la oferta, y una de las opciones más factibles sería la agilización de procedimientos de desahucio, así como la construcción de vivienda pública destinada únicamente al alquiler", concluye Pablo Juanico.