El presidente de la patronal del taxi en Pimem, Biel Moragues, ha recordado que el pronunciamiento del Supremo se refiere a una normativa de rango reglamentario del País Vasco. Pero en el caso de Baleares, ese requisito está regulado por ley, por lo que el Supremo elevó la norma al Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado al respecto.
"Mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional aquí no cambia nada", ha declarado Moragues, que ha recordado que por este mismo motivo el Parlament decidió, por unanimidad, no alterar los 30 minutos de precontratación exigidos en Baleares.
Moragues ha considerado que, más allá de las consideraciones formales, cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tenga un criterio distinto al del Supremo. Por ello ha defendido que no tendría sentido cambiar la normativa preventivamente en Baleares arriesgándose a que después el Constitucional avalase el requisito.
Para el Tribunal Supremo, obligar a plataformas como Uber a precontratar con 30 minutos de antelación "constituye una limitación muy notable para el ejercicio de esta actividad empresarial, ya que el cliente busca la prestación este tipo de servicios en el plazo más breve y por el precio más ventajoso posible".
"De modo que dicha exigencia, al anular la inmediatez de la prestación, disuade al usuario de su utilización hasta el punto de existe un serio riesgo de expulsión del mercado de las empresas que operan bajo este tipo de licencias", declara la sentencia.
En este contexto, antes de la aprobación de la ley en el Parlament, el Govern se había llegado a plantear la posibilidad de suprimir este requisito, pero posteriormente se decantó por mantenerlo, mientras no haya una sentencia que expresamente le obligue a retirar este apartado, a la espera de la respuesta del Constitucional.
Frente a las consideraciones del Supremo sobre una vulneración de la libertad de empresa por la exigencia de 30 minutos de precontratación a plataformas como Uber, Moragues ha sostenido que hay otros argumentos relativos a "la unidad de mercado". Ha recordado además que anteriormente el Supremo sí consideró que el servicio de VTC debe ser previamente contratado, a diferencia del taxi, pero sin entrar en el tiempo mínimo de antelación. "Si no se fija un plazo mínimo, ¿cómo se determina?", ha preguntado Moragues.
Igualmente, Moragues ha afirmado que "basta abrir la aplicación y pedir un Uber para ver que en dos minutos están ahí", asegurando que la plataforma incumple de forma habitual el requisito. Para la patronal del taxi, la operativa de "contrato anual" aplicando los 30 minutos sólo al primer servicio de cada usuario supone "un fraude". "Su intención desde el minuto cero ha sido no respetar nada", ha protestado.
Por su parte, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha apuntado que la decisión del Supremo conocida este jueves no supone "ninguna novedad" para Baleares. Ha recordado asimismo que la nueva ley del taxi en Baleares, aprobada por el Parlament el pasado febrero, no introdujo cambios al respecto, manteniendo inalterado el requisito de la media hora de precontratación.
Con todo, fuentes de la Conselleria han recalcado que el Govern ha advertido ya varias veces esta legislatura de que sería necesario adaptar la normativa a la jurisprudencia de los tribunales.