Tal y como publicó este martes mallorcadiario.com, el Govern presidido por Marga Prohens tiene intención de aprobar en breve, previsiblemente en el mes de abril, un decreto ley de simplificación administrativa que será tramitado en el Parlament como una ley ómnibus, que es como se denomina a leyes que incluyen una diversidad de materias sin conexión entre sí.
Dicho decreto ley incluirá una medida de enorme calado político y legal: la legalización de construcciones en suelo rústico que han prescrito y que, por tanto, no pueden ser sancionadas ni demolidas. Esta iniciativa representa un paso significativo hacia la regularización y la armonización del desarrollo urbanístico en Mallorca, pues permitirá la ordenación de construcciones ilegales que, por el tiempo transcurrido, las infracciones cometidas ya han prescrito.
Se trata de dar una salida legal a miles de construcciones en suelo rústico, condicionada al pago de una cantidad, dependiendo del coste de la obra, además de la rehabilitación del inmueble en cuestión con medidas de eficiencia energética e hídrica.
Se abrirá así un proceso de regularización que es beneficioso para el conjunto de la sociedad y de la ciudadanía, que permitirá solucionar un problema con estas edificaciones que están en un limbo, y que además facilitará a los ayuntamientos tener unos ingresos extraordinarios provenientes de la ordenación de aquellos inmuebles que se ajusten a los requisitos.
Cabe recordar, además, que recuperar la disposición transitoria décima de la Ley de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS) de 2014 no supondrá ninguna arbitrariedad ni tampoco un efecto llamada, pues desde aquel año las infracciones en suelo rústico protegido no prescriben, por lo que la recuperación de aquel proceso de regularización ideado por el entonces conseller de Territorio, Gabriel Company, se convierte en la herramienta idónea para permitir la ordenación de todas las edificaciones fuera de ordenación, siempre que cumplan con los requisitos que se establecerán de índole medioambiental.
La regularización de construcciones en suelo rústico puede contribuir positivamente a la protección del entorno natural y al desarrollo sostenible de la isla. Al brindar una vía legal para estas edificaciones, se abre la posibilidad de implementar medidas de conservación y preservación del medioambiente. Y es una solución pragmática y equitativa en el ámbito urbanístico beneficiosa para el conjunto de la sociedad balear.