La reciente decisión del Parlament de les Illes Balears de crear una comisión de investigación para examinar con detenimiento todo lo relacionado con los 3,7 millones de euros invertidos en la compra de mascarillas por parte del Govern de la presidenta Francina Armengol en 2020, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, resulta muy procedente y adecuada.
La iniciativa, surge a propuesta de Vox y es apoyada por el PP, aunque cuenta con la abstención de PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca. Curiosamente, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, votó en contra, lo que llama mucho la atención puesto que se trata de una formación que en el pasado se destacó por su teórica lucha implacable contra la corrupción política, o eso decían. Ahora se comprueba que para Unidas Podemos, la corrupción sólo merece ser investigada y perseguida si afecta al PP y no cuando salpica a la izquierda. Ni siquiera en este caso tan escabroso, empeorado por la circunstancia de que Unidas Podemos integraba al Govern ahora bajo sospecha de haber pagado 3,7 millones a una trama vinculada al PSOE, investigada por enriquecerse con comisiones ilegales. Y a la que no se le reclamó la devolución del dinero durante más de tres años, pese a que se sabía que las mascarillas entregadas eran inservibles.
La comisión de investigación es una respuesta lógica y proporcionada para esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas ante las informaciones sobre el uso de fondos públicos durante el Estado de Alarma, cuando en un contexto marcado por la pandemia de COVID-19, se adjudicaron compras por procedimiento de emergencia, sin concurso ni licitación alguna, cuando los mecanismos de control fueron eliminados, algo que algunos aprovecharon para saquear las arcas públicas sin escrúpulos.
La constitución de dicha comisión de investigación ha sentado como una bomba al PSOE, pues es evidente que ante ella deberán comparecer los principales responsables del Govern de Armengol involucrados en aquella compra de material inservible. Lo demuestra la intervención del portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, cuando para evaporar la responsabilidad de su partido, puso en marcha el ventilador y acusó de graves irregularidades a dirigentes del PP de fuera de Baleares, para concluir con una flagrante falsedad, como que “en Baleares sí que se inició la tramitación de la devolución del dinero, hasta que llegó Marga Prohens, que deja caducar el expediente”.
El ejercicio de cinismo incomprensible protagonizado por Pons el martes en el Parlament es absolutamente indigno y falso. Pero, además, aunque fueran verdad los casos que denuncia de otros dirigentes del PP, el ejercicio de esparcir la porquería no resta ni un ápice de la responsabilidad del PSIB y del Govern Armengol en el pago de 3,7 millones a la trama corrupta vinculada al PSOE.