Los presidentes autonómicos del Partido Popular han suscrito este pasado fin de semana la denominada Declaración de Córdoba. Este manifiesto refleja la postura conjunta de las autonomías gobernadas por el PP en relación con la proposición de ley de amnistía que esta semana será aprobada, con toda probabilidad, en el Congreso de los Diputados y será remitida al Senado para seguir con su tramitación parlamentaria.
La Declaración de Córdoba, suscrita por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, además de los presidentes de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Melilla, y el vicepresidente de Canarias y el consejero de Presidencia de Ceuta, reafirma el compromiso de todos los firmantes con la Constitución de 1978 como base fundamental de la convivencia y la prosperidad, subrayando la importancia de mantenerse unidos como nación.
Los líderes autonómicos del PP expresan su frontal rechazo a la corrupción política y económica, especialmente la ley de amnistía impulsada por el PSOE y negociada por el actual Gobierno central, que consideran un ataque a la igualdad entre españoles y un intento de desactivar uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial.
La postura de los ‘populares’ incluye una dura crítica a la extrema debilidad del PSOE, al que consideran enteramente sometido al chantaje de las fuerzas políticas independentistas, liderados por Carles Puigdemont (JuntsxCAT) y Oriol Junqueras (ERC). Los presidentes autonómicos ‘populares’ se comprometen a trabajar para frenar la ley de amnistía y preservar la igualdad y solidaridad en nuestro país.
Además, el manifiesto exige explicaciones y dimisiones por la trama de corrupción por la compra de material sanitario durante la pandemia por la Covid-19, vinculada al PSOE, que ha afectado gravemente a las arcas públicas, entre ellas a las de Baleares, cuyo Govern, presidido por Francina Armengol, dilapidó 3,7 millones de euros en 1,4 millones de mascarillas inservibles.
Las Comunidades y Ciudades Autónomas, desde su legítimo ejercicio de autogobierno, se declaran parte activa en la preservación de la igualdad y la pluralidad que definen a España. Y hacen un llamamiento a la unidad, la transparencia y la defensa de los valores democráticos. Se trata, así pues, de plantar cara a las políticas del actual Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, humillado ante las exigencias rupturistas del independentismo, desde la exhibición que fuerza y autoridad que proporciona ser la primera fuerza política en el Congreso y el Senado (donde ostenta la mayoría absoluta) y con mayor fuerza territorial.