La exconsellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, y el expresidente del Institut Mallorquí d' Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, han sido citados para declarar como investigados por el caso de las menores tuteladas que sufrieron abusos sexuales.
La querella fue presentada por Vox y la asociación Justicia Poética, y posteriormente se sumó el Ministerio Fiscal. Ambos políticos declararán el próximo 5 de marzo en el juzgado de Instrucción número 11 de Palma.
Entre 2017 y 2019 el IMAS confirmó la existencia de 16 casos de explotación sexual de menores tuteladas en Mallorca, aunque fue en 2020 cuando salió a la luz que una niña de 13 años fue presuntamente violada por seis menores en Es Camp Redó, hecho que se remonta a la nochebuena de 2019.
Ante ello, los grupos de la oposición en el Consell de Mallorca propusieron crear una comisión de investigación que fue rechazada por el Pacte de Psoe, Més y Podemos. Entre 2015 y 2019 era el ecosoberanista de Miquel Ensenyat quien estaba al frente del Consell.
Cuando en 2020 se destaparon los casos, la presidenta era la socialista Catalina Cladera y el presidente del IMAS, dependiente de la institución insular, era Javier de Juan, que fue nombrado en 2021 conseller de Presidencia.
Fina Santiago era la consellera de Asuntos Sociales del Govern y defendió en su momento que la explotación de menores tutelados "ocurre por toda España" y que ella "no tenía las competencias de tutela de menores".
La posibilidad de crear una comisión de investigación fue rechazada nuevamente por el tripartito insular en noviembre de 2020, pero pusieron en marcha una 'comisión política' sobre la explotación sexual infantil.
En 2022, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se desplazó hasta Mallorca para recabarinformación sobre los casos de abusos detectados, y comparecieron ante la citada misión la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol; la presidenta del Consell, Catalina Cladera; la consellera d'Afers Socials del Govern, Fina Santiago, y el anterior presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan. En un informe de protocolos la Eurocámara denunció "encubrimientos políticos".
El nuevo gobierno insular, formado por PP y Vox, anunció al llegar al poder se había encargado la primera auditoría externa "para evitar que se produzcan nuevos casos de explotación sexual de niños tutelados".
Sin embargo, la polémica continúa en el debate político, ahora con los reproches del PSIB, después de que a principios de este mes de febrero la Policía Nacional arrestase a tres jóvenes argelinos de diecisiete años, que están ingresados en un centro tutelado, por agredir sexualmente a dos niñas en el Parc de ses Estacions de Palma.
Vox ha celebrado la decisión del juez de citar a declarar a Fina Santiago y Javier de Juan. La querella fue presentada por el partido en enero de 2022, y tras dos años, "podremos conocer las responsabilidades de los políticos que miraron hacia otro lado durante todo este tiempo".
Tras la noticia, el diputado Agustín Buades ha recordado que Vox considera "inadmisible lo que sucedió la legislatura pasada: menores tuteladas por la administración, o sea, arrancados de su propia familia biológica, acaban siendo abusadas sexualmente, prostituidas y en algún caso obligadas a abortar. Hay que acabar con la doble moral hipócrita del feminismo radical y de género de la que hace gala la izquierda, y depurar responsabilidades".