La patronal de las empresas constructoras han trasladado este viernes al Govern sus principales reivindicaciones, orientadas fundamentalmente a las condiciones en que se realiza la obra pública. Y es que, según sus datos, el pasado año quedaron desiertas 91 obras, valoradas en 69 millones, lo que además de restar actividad al sector, genera un enorme perjuicio para el ciudadano por los retrasos que sufren proyectos como como centros docentes, sanitarios y proyectos viarios. Piden además mayor agilidad en la tramitación de las licencias y un plan renove para la maquinaria de construcción, que en un 80 por ciento de los casos tiene más de 10 años de antigüedad.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, han mantenido este viernes una reunión con la Asociación de Constructores de Baleares, representada por su presidenta, Fanny Alba, los vicepresidentes, Bernat Llull y Climent Olives y la directora general, Sandra Verger. Todos ellos han trasladado al Ejecutivo autonómico las reivindicaciones del sector, entre las que destaca la necesidad de introducir cambios en la contratación de obra pública.
En ese sentido, en un comunicado posterior a la reunión, la organización ha destacado que durante el 2023, un total de 91 licitaciones por valor de 69 millones de euros quedaron desiertas, como mínimo en primera convocatoria, lo que obligó a las administraciones a revisar al alza el precio de los contratos, a veces en dos o tres ocasiones. En el caso concreto de las licitaciones que dependen del Govern fueron 21 las obras que quedaron desiertas por valor de 37 millones, lo que supone un 54 por ciento de la inversión prevista.
A juicio de la patronal de los constructores, esto supone "un enorme perjuicio para el ciudadano porque proyectos necesarios como centros docentes, sanitarios y proyectos viarios sufren retrasos innecesarios". Por ello, consideran "imprescindible actualizar los precios de los proyectos como exige la ley y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado".
Asimismo, para evitar la proliferación de más obras desiertas durante los próximos años, han reclamado al Govern que aplique en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración una cláusula de revisión de precios por defecto, lo que "aumentaría la concurrencia de las empresas". Han lamentado además que los decretos de revisión excepcional de precios no hayan funcionado, debido fundamentalmente a que "los ayuntamientos han sido las administraciones más reticentes a la hora de aplicarlos, puesto que han abusado en la utilización del silencio administrativo negativo.
Por otra parte, han solicitado que la contratación de la CAIB establezca por defecto en un 17 por ciento la partida de gastos generales, que tiene por ley un baremo de entre el 13 y el 17 por ciento, si bien por defecto siempre se aplica el margen mínimo, el 13 por ciento; y han solicitado que los organismos públicos del Govern comuniquen anualmente sus planes de inversión para el ejercicio en cuestión "para que las empresas contratistas también puedan planificar su trabajo".
La patronal de las constructoras ha reivindicado también una mayor agilidad en la tramitación administrativa municipal de licencias de obra, que tiene una media de 18 meses, que en algunos municipios se puede alargar hasta los dos años. Para ello, consideran imprescindible que el Govern dé un paso más y autorice las entidades de colaboración urbanística (ECUS), que han tenido un buen resultado en aquellas comunidades en las que se han aplicado, así como revisar la necesidad de los informes supramunicipales que causan grandes demoras como pueden ser de Medio Ambiente, Recursos Hídricos o de la Agencia Estatal de Seguridad, entre otros.
Respecto a la falta de vivienda asequible, los constructores consideran imprescindible la colaboración público-privada, así como que se agilice toda la tramitación de suelos urbanizables que están previstos. Han mostrado también su deseo de que la tramitación parlamentaria del Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda "suponga un impulso para poder sacar al mercado vivienda a precio limitado para los ciudadanos".
En ese sentido, han mostrado su "preocupación y decepción porque la mayoría de municipios han acordado por pleno no aplicar las medidas que contempla el Decreto o lo han hecho con unas restricciones que prácticamente lo dejan sin efecto". "No entendemos como en medio de una emergencia habitacional tan grave, los consistorios deciden no aprovechar al máximo el suelo construido o programado, es decir, sin consumo de nuevo territorio, para hacer vivienda a precio limitado para siempre", han señalado.
Por otro lado, han recordado que el 80 por ciento del parque de maquinaria del sector tiene más de 10 años de antigüedad, por lo que han pedido un plan renove como tienen otros sectores, "para impulsar la renovación del parque de maquinaria de las empresas con fondos europeos o incentivos fiscales", que además serviría de estímulo a la transformación verde en la que el sector de la construcción.
Finalmente, han trasladado su "decepción" por quedar las empresas de construcción siempre excluidas de cualquier tipo de ayudas dirigidas a la industrialización, digitalización y modernización de las empresas, y han recordado que a diferencia de otros sectores, como el transporte de mercancías y muchos otros, "la construcción no ha recibido ni recibió ayudas directas por la subida de los combustibles ni por ningún otro concepto, a pesar de las dificultades surgidas por la pandemia y la guerra de Ucrania".