EDITORIAL

El ciberataque más grave sufrido por una Administración en Baleares

Martes 16 de enero de 2024

El ciberataque sufrido el pasado fin de semana por el Ayuntamiento de Calvià, que el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) atribuye a LockBit, que exige 10 millones de euros, mantiene en jaque al consistorio y supone “una situación muy grave”, como no ha dudado en calificarla el primer edil. Aunque todavía no se conoce exactamente el alcance y gravedad del secuestro de datos existentes en los servidores municipales, parece claro que estamos ante una acción criminal que exige una investigación exhaustiva.

Los pasos que hasta ahora se han dado parecen ser los correctos. La constitución de un comité de crisis, presidido por el alcalde, a fin de tomar las decisiones más adecuadas y convenientes, tendentes a minimizar los daños y resolver la situación de forma rápida y eficaz, es una actuación lógica y proporcional a la naturaleza de los hechos acontecidos. También lo es la denuncia presentada por el consistorio ante la Guardia Civil, de forma que sean los especialistas en ciberdelincuencia de la Benemérita quienes se hagan cargo de investigar el caso y de hallar a los responsables, cosa que parece bastante difícil.

La existencia de grupos criminales que habitualmente operan fuera del país y que se valen de las nuevas tecnologías, las redes 5G, la Inteligencia Artificial, la robótica, el Big y el Smart Data, etc. es una realidad que a menudo y pese a las advertencias de las autoridades, pasa desapercibida y ante la que no se adoptan las medidas de autoprotección necesarias para neutralizar la amenaza. La ciberseguridad sigue siendo, como ahora se comprueba, una asignatura pendiente y ello puede amenazar la correcta prestación de servicios públicos esenciales.

Como advierte la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, “las acciones que usan el ciberespacio como medio para realizar actividades maliciosas o ilícitas incluyen las relacionadas con el ciberespionaje y la cibercriminalidad”. Es preciso adoptar todas las medidas correspondientes para proteger a la ciudadanía, empresas e instituciones, de una amenaza tan seria y real.


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