De cara a este recién inagurado año 2024, la Sindicatura de Cuentas de Baleares -órgano encarcago de fiscalizar la actividad económica y contable del sector público de las islas- prevé realizar una veintena de informes, algunos relacionados a la línea de ayudas directas a empresarios y profesionales por la COVID, y el cumplimiento de la normativa de contratación de personal de la Oficina Anticorrupción, organismo que ha iniciado ya el camino hacia su cierre definitivo.
En cuanto a la convocatoria extraordinaria de ayudas directas por la COVID de 2021 con un importe total de 855 milones, se comprobará el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y las obligaciones establecidas, así como el cálculo del importe de las ayudas y si se han destinado a las finalidades previstas. La Sindicatura prevé que esta fiscalización dure todo el año, ya que la Administración tiene un plazo de cuatro años para llevarla a cabo.
Por otro lado, el informe que se realizará para la Oficina Anticorrupción tiene el objetivo de analizar si se ha cumplido la normativa de contratación, así como la gestión del personal y sus retribuciones. Desde Sindicatura hacen hincapié en que "en ningun caso se valorará el cumplimiento de la labor que es propia de la Oficina en materia de investigación del fraude y la corrupción".
Otros informes previstos para este 2024 son sobre la gestión de fondos para favorecer el turismo sostenbile, el proceso de internalización de IB3 o las cuentas generales de los cuatro consells insulares de 2022 y 2023.
También se realizará un informe de las cuentas anuales de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
Además de la función fiscalizadora, la Sindicatura de Cuentas de Baleares lleva a cabo otras actuaciones y funciones, entre las cuales han destacado, para 2024, el mantenimiento y desarrollo de los sistemas que apoyan las aplicaciones informáticas y telemáticas de rendición de cuentas de las entidades locales; la redacción y aprobación de la normativa de procesos de fiscalización del SCIB, o el análisis de las actuaciones necesarias para continuar con la implantación de la administración electrónica del SCIB.
En total, la fiscalización de la cuenta general incluye tanto a la Administración general de la Comunidad como a sus organismos autónomos, las cuentas anuales del Servicio de Salud de las Islas y de la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB).
Para el tercer trimestre de 2024 se deben llevar a cabo las actuaciones y trámites necesarios para que se apruebe el informe provisional y, una vez la Sindicatura haya recibido y evaluado, si hay, las alegaciones, el informe se aprobaría definitvamente en el cuarto trimestre del año.