La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha notificado un auto en el que revoca la declaración de nulidad del juicio, lo que supone que se deberá dictar sentencia en el caso contra el anciano por un delito de homicidio, tal y como pedía el abogado de Pau Rigo. En el texto impone también las costas "a las partes cuyas pretensiones han sido desestimadas" y señala que no cabe recurso contra la resolución.
Los magistrados consideran que “no se aprecian causas que justifiquen la anulación producida”. Señalan además que “las consecuencias jurídicas del pronunciamiento absolutorio o condenatorio no derivan propiamente del veredicto, sino de la sentencia a la que aquél sirve de soporte”.
Por tanto, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado deberá dictar sentencia en este caso, en el que el jurado popular emitió un veredicto, por mayoría, es decir, cinco votos a favor y otros cuatro en contra, de culpabilidad hacia el anciano que disparó y mató a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en Porreres en febrero de 2018. Pero esa mayoría no es suficiente para un hecho desfavorable, es decir, para una sentencia condenatoria.
El mismo jurado estimó conveniente proponer al Gobierno el indulto total o parcial de la pena que legalmente corresponda al acusado por ocho votos a favor y uno en contra. En la lectura de este veredicto, el jurado popular también declaró culpables a los tres presuntos ladrones.
Pocos días después de que el juicio quedara visto para sentencia, el Ministerio Fiscal pidió la nulidad al considerar que se habían contravenido normas esenciales del procedimiento. A ello opuso la defensa de Pau Rigo, que señaló que el jurado había declarado por unanimidad no probada su culpabilidad, por lo que consideraba que lo que procedía era una sentencia absolutoria.
Finalmente, y tras la impugnación por parte del Ministerio Fiscal de las pretensiones de la defensa del anciano acusado, el procedimiento llegó el pasado 31 de octubre al TSJIB, que este miércoles ha aceptado las alegaciones de la defensa de Pau Rigo. De esta manera, la magistrada presidenta del Tribunal en que se juzgó el caso en la Audiencia Provincial de Baleares deberá ahora dictar la sentencia que afecta tanto a Pau Rigo como a las otras tres personas implicadas en este caso.
Los hechos se remontan a febrero de 2018 en una finca de Porreres durante la comisión de un robo. El fiscal había solicitado una pena de tres años y nueve meses de prisión al anciano que disparó y mató al ladrón y, para los tres presuntos ladrones.
Durante el juicio, uno de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación declaró que F. Escobar, hermano del ladrón fallecido en Porreres en 2018, se entregó en la Guardia Civil "desconsolado" y diciendo que sus cómplices, dos vecinos de Campos, les habían "dejado tirados".
Además, explicó que cuando Escobar se entregó, ya habían identificado a su hermano gemelo fallecido. Con todo, los investigadores consideran que su confesión fue útil para esclarecer lo ocurrido, si bien sí aprecian contradicciones en cuanto al destino del dinero, un botín de unos 12.000 euros que nunca se encontró.
Por su lado, el abogado del anciano ha sostenido la tesis de la legítima defensa. "Él temía por su vida", subrayó el letrado ante el Jurado, preguntándose también "cómo puede repeler un señor de 78 años el ataque de dos jóvenes encapuchados con patas de cabra".
En cuanto al disparo que terminó con la vida de uno de los ladrones, en la sesión del juicio del martes pasado, el anciano insistió en que "no quería disparar" pero que los ladrones, lejos de amedrentarse al ver la escopeta, se le echaron encima.
Por otra parte, Escobar negó que él y su hermano se abalanzaran sobre el anciano antes de que éste accionara el gatillo, y que sólo se lanzó y forcejeó con él después.