El proyecto de Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma que se están tramitando en el Parlament, incluye un aumento salarial del cinco por ciento adicional al IPC, que se prevé del 2,5 por ciento, para los altos cargos de Baleares. Esta medida, que evidentemente no gustará a muchos ciudadanos, es necesaria para corregir una situación muy perjudicial para la Administración en Baleares, puesta de manifiesto con las dificultades que ha tenido el Govern de la presidenta Marga Prohens, para encontrar altos cargos dispuestos a ocupar cargos de dirección, con la responsabilidad inherente a ello.
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, justificó la necesidad de incrementar las retribuciones de los altos cargos para corregir la realidad de que Baleares tiene los sueldos de los altos cargos muy por debajo de la media; algo que incluso con la subida del cinco por ciento seguirá sucediendo.
El hecho de que, como ha informado este digital, las retribuciones anuales de la presidenta del Govern de les Illes Balears, sean muy inferiores a un simple asesor de la Generalitat de Catalunya, es muy gráfico y completamente inaceptable desde todo punto de vista. Cualquier asesor de prensa del Govern de Pere Aragonés cobra 8.300 euros anuales más que la presidenta de Baleares. Y eso por no mencionar al propio presidente catalán, que percibe 136.000 euros anuales, casi el doble que Marga Prohens.
Los altos cargos de la Administración deben percibir un salario acorde a sus responsabilidades, pues si son muy inferiores, como es el caso, se corre el riesgo, como así ha sucedido, que gente válida y eficaz no aceptará trabajar como alto cargo de la CAIB, pues en sector público se cobra mucho más.
Se puede hacer mucha demagogia con este asunto, pero la realidad es que Baleares no merece pagar a sus máximos responsables administrativos y políticos muy por debajo de la media del resto de comunidades autónomas. A no ser que se quiera que sólo estén dispuestos a trabajar en tales puestos gente mediocre, como sucedió durante los ocho años del Pacte, bajo la presidencia de Francina Armengol, quien, por cierto, ahora en la presidencia del Congreso cobra el triple de lo que cobraba cuando era presidenta. Haciendo muchísimo menos, claro está.