Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a finales del mes de octubre principios de noviembre de 2019, cuando las acusadas, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, se dirigieron a un despacho de abogados en Palma.
Al parecer, una vez en su interior, se apoderaron de una carpeta blanca con el anagrama del Hospital Quirón que se encontraba en una bandeja encima de la mesa del despacho del denunciante, en cuyo interior se encontraba todo su historial médico, así como tres memorias USB, cuyo contenido eran fotos, eventos familiares y todo tipo de documentación personal escaneada en PDF, que contenía nóminas, contratos, escrituras, dos óleos valorados en 86,78 euros por unidad y un tercer óleo abstracto valorado en 177,69 euros.
En fecha del 17 de noviembre de 2019, la Fiscalía señala que las acusadas se dirigieron a unos bajos, propiedad del denunciante y, una vez en su interior, se apoderaron de un óleo valorado en 198,35 euros, dos óleos abstractos valorados en 86,78 euros por unidad y un óleo abstracto malvalorado en 260,33 euros, ascendiendo la cantidad total a 632,23 euros, que el perjudicado reclama.
Posteriormente a estos hechos pero también en noviembre de 2019, una de las acusadas se personó en un domicilio en Manacor y tratando de persuadir a la inquilina para que dejase la casa, le entregó un nuevo contrato diciéndole que lo firmara, que la nueva propietaria era ella y que debían pagarle. A continuación, para convencerla le entregó unos documentos en los que supuestamente se hacían constar las últimas voluntades del propietario en ese sentido y otros documentos médicos que hacían referencia al cáncer que padecía.
El Ministerio Fiscal precisa asimismo que sobre las 13.15 horas del 18 de febrero de 2020 esta misma acusada se dirigió a otra vivienda en Porto Cristo y, una vez allí, le dijo al inquilino que debía abandonar la misma, alegando esta que le había revocado el poder al propietario y que dicha revocación venía motivada por un grave problema de salud del denunciante, exhibiendo en ese momento un documento relativo a una analítica, donde constaba un resultado positivo de cáncer de colón, y otros documentos médicos, que acreditaban que el denunciante padecía un quiste en la cabeza.
Del mismo modo, la acusada portaba consigo un documento sobre la renuncia del denunciante al cobro de las rentas debidamente firmado y con una foto de su DNI con el que esta pretendía convencer al inquilino, para que facilitase a los futuros inquilinos su número de cuenta y suscribir el contrato de alquiler con ella, llegando incluso a ofrecerle copia de dicha documentación. Tal fue el grado de angustia que provocó al inquilino, que el mismo se vio obligado a llamar a la Policía.
Los hechos relatados son, según Fiscalía, un delito continuado de hurto, uno de descubrimiento de secretos, otro de revelación de secretos y un delito de coacciones. Por ello, pide para las acusadas penas que, en total, ascienden a más de 12 años de cárcel y una multa de 5.700 euros. Y, en concepto de esponsabilidad civil, que abonen 938,48 euros por los efectos sustraídos y 1.000 euros por los daños morales causados.