La nueva jefa de la oposición en el Parlament -bien que por descarte-, Mercedes Garrido, se ha estrenado en su labor de control al Govern a lo grande, criticando que Marga Prohens haya aprobado “una amnistía a todas las viviendas ilegales en suelo rústico”, en referencia al nuevo Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda.
Alarmado ante semejante ‘escándalo’, y apremiado por mi condición de abogado que acostumbra a nadar en las procelosas aguas del derecho urbanístico, me he leído de pe a pa la norma en busca de la anunciada ‘amnistía’ (cree el ladrón ser todos de su condición), que el PP habría otorgado supuestamente al urbanismo ilegal en suelo rústico. Pero, oh sorpresa, no he hallado nada de nada. Ni un solo artículo que legalice o permita la obtención o renovación de cédulas de habitabilidad a viviendas construidas ilegalmente, ni en suelo rústico, ni en suelo urbano.
La única referencia a la obtención o renovación de cédulas de habitabilidad que efectúa la ley ha sido la de aclarar que las viviendas legalmente implantadas en suelo urbano -es decir, construidas con licencia- en las que, posteriormente, se hubieran hecho obras sin ésta, pero que ya estuvieran prescritas, podrán obtener o renovar su cédula, de la misma forma que hasta ahora la LUIB de Armengol permitía que pudieran hacer obras en la parte construida legalmente. Se trata más de una aclaración del alcance de la norma anterior que de un supuesto nuevo. No parece muy razonable denegar la cédula de habitabilidad a una vivienda implantada de forma legal, por más que con posterioridad se hayan ejecutado en ellas, por ejemplo, unas obras de reforma de la cocina o incluso se haya construido una piscina sin licencia.
Garrido se adelantó a fijar la posición del PSIB -en franca descomposición desde que está a los mandos del gallego Iago Negueruela y de ella misma- antes de conocer lo que realmente decía la ley y, como ya le ha ocurrido en otras ocasiones, habló por boca de ganso, de forma irresponsable, incendiaria y alarmista, lo que resulta especialmente grave en quien ha sido previamente consellera ejecutiva de territorio del Consell de Mallorca.
La felanitxera ya fue causante directa de la dimisión como candidato a parlamentario por el PSIB del Dr. Oriol Lafau, cuando criminalizó a todas aquellas personas que hubieran hecho uso de los mal llamados vientres de alquiler para poder tener descendencia, con ocasión del mediático caso de Ana Obregón, acusándoles de vejar a las mujeres, ignorando que un compañero de lista estuviera en esa situación y dejándolo a los pies de los caballos. Lafau, ya es historia, renunció a un puesto de salida en las listas socialistas al no compartir ni en el fondo ni en la forma los exabruptos de Garrido. En aquella ocasión, como en ésta, la prudencia y la mesura brillaron por su ausencia en el argumentario de la portavoz del PSIB.
Si le quedase un átomo de dignidad política, ya debería haber dimitido.