Ha sido durante su declaración como testigo en el juicio mientras respondía a las preguntas del fiscal Tomás Herranz, que ha insistido en este punto en saber por qué se ha dirigido a los acusados en estos términos. Jhardi ha respondido que "todo lo que acabe en un juicio le sabe mal", aunque seguidamente ha pedido disculpas "por haberse excedido". En otro momento de la declaración, los abogados de la acusación se han quejado de que uno de los acusados haya matizado una respuesta de la testigo en relación al lugar en el que mantuvieron una reunión.
También durante el interrogatorio del Ministerio Público, la exedil ha revelado que mantuvo entrevistas tanto con el fiscal Subirán como con varios de los agentes, que le ponían al día de lo que se estaba investigando. Sobre esto, ha añadido que Subirán le advirtió que "tuviera cuidado porque era una investigación secreta que llevaba mucho tiempo y que no se corriera la voz".
Además, ha indicado, con Blanca Ruiz habló o se reunió dos o tres veces y con Miguel Ángel Blanco, entre cinco y diez, tanto presencialmente como por teléfono.
Jhardi ha subrayado en varias ocasiones la "inexperiencia" del equipo de gobierno en el momento de la investigación, más de un año después de iniciarse la legislatura. "Hasta que no llevas un año o un año y medio uno anda como pollo sin cabeza", ha apuntado.
De este modo, ha admitido que tanto su declaración judicial como su colaboración con los agentes de Blanqueo estaba condicionada por esta circunstancia. "A veces nos pedían documentos y yo tenía que preguntar a los funcionarios si eran nuestros", ha explicado.
A preguntas de las defensas, tanto de Javier Barinaga como Pedro Horrach, la exedil ha hecho hincapié en que no recibió presiones para declarar ante la policía en un sentido o en otro y ha explicado que no declaró nunca en sede judicial. Ha apuntado que leyó y firmó la declaración porque estaba conforme.
En relación al concurso de la ORA que fue objeto de investigación, la expolítica ha explicado que "no es habitual" que en una mesa de contratación lleguen a participar hasta diez personas, cuando lo normal serían seis. Sin embargo, ha explicado que si se necesita la opinión de técnicos que hayan elaborado pliegos, sí que podría darse este extremo.
Cabe recordar que la exregidora fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa por revocar sin justificación legal la licencia de publicidad dinámica del Grupo Cursach y retirar licencias a los conocidos como 'tiqueteros'.
En la sesión de este miércoles ha declarado también como testigo una funcionaria del Ayuntamiento de Palma encargada de certificar que las empresas que participaban en concursos públicos no tenían deudas con la Administración.
La testigo ha explicado que recibió correos electrónicos desde el departamento de Contratación interesándose por la situación de la empresa de Antoni Roig, que participó en una UTE en el concurso de la ORA que fue objeto de investigación.
Según ha explicado, se comunicó a Contratación, también por correo electrónico, que sobre la compañía pesaba una multa en vía ejecutiva, por lo que no era posible emitir el certificado. En todo caso, ha explicado que situaciones de este tipo eran habituales y que las empresas las subsanaban pagando rápidamente las multas.
En todo caso, ha afirmado no recordar que en ningún momento nadie le pidiera emitir certificado alguno sobre empresas sobre las que constaran deudas.
También ha comparecido como testigo un oficial albañil del Ayuntamiento de Palma, que encontró en 2017 en Son Pacs tres contenedores llenos de carpetas con papeles enteros, cuando lo habitual era que llegaran ya destruidos. Según ha afirmado, entre los compañeros se comentó en broma que "unos días después de detener a Roig ya estaban destruyendo papeles".
El testigo ha relatado que en 2019 le llamaron los inspectores Juan Márquez y Juan Palomo, que estaban investigando las supuestas irregularidades, pero que no le preguntaron si en sus declaraciones le habían presionado. En todo caso, el abogado de Roig ha señalado que el asunto de los papeles, por las fechas, fue muy posterior al ingreso en prisión del empresario por el caso ORA.
La ronda de testigos en la sesión de este miércoles ha concluido con un empresario de Magaluf que acusó a Bartolomé Cursach de "arruinarle". Según ha explicado, en una ocasión acudió al Juzgado de Instrucción número 12 para acompañar a dos socios británicos, después de que estos hubieran presentado anteriormente una denuncia ante el entonces fiscal Pedro Horrach y se enteraran de que estaba defendiendo a un empresario del Ayuntamiento de Calvià.
Según ha admitido, acudió como intérprete, aunque no tuviera la capacitación oficial para ejercer esta labor. A preguntas del fiscal, no ha aclarado por qué acudió a declarar precisamente el día que no había intérprete disponible en el juzgado. También ha reconocido que a la salida de la declaración, filtró a periodistas las comparecencias ante Horrach en 2014.
El juicio contra los investigadores del caso Cursach, entre ellos el exjuez Manuel Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán, para quienes Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente, sigue este miércoles con más declaraciones de testigos.
Cabe resaltar que también se sientan en el banquillo miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, en concreto el entonces inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.