La Diada de Cataluña volvió a poner sobre la mesa las reivindicaciones de los partidos independentistas. Conscientes de hallarse en una encrucijada histórica, gracias al resultado electoral del 23 de julio, aunque no precisamente por los escaños obtenidos por el independentismo, claramente inferiores a las anteriores elecciones generales (ERC perdió seis escaños de los 13 que tenía, JuntsxCAT perdió uno y se quedó con 7 siete y la CUP desapareció del Congreso), sino porque sus votos son fundamentales para que pueda prosperar la investidura del candidato socialista y actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
La fuerza del independentismo no estriba, por tanto, en su apoyo electoral, que en absoluto es masivo ni mayoritario en la sociedad catalana, como se pretende hacer creer, sino en la oportunidad histórica de imponer sus exigencias a cambio de facilitar la investidura de un candidato que no es el ganador de las elecciones ni el más votado por los españoles. De ahí las demandas planteadas abiertamente la semana pasada por Carles Puigdemont, en concreto una ley de amnistía que debería ser aprobada antes de la investidura de Sánchez, como pago por adelantado al apoyo de Junts.
Pero eso no se queda sólo ahí. Puigdemont reclama el derecho a la autodeterminación como punto de partida. Y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, durante su intervención con motivo de la Diada, planteó que “la amnistía, por sí sola, no resuelve el conflicto de soberanía con el Estado. Catalunya quiere votar libremente sobre la independencia. Y hasta que España no dé respuesta a esta reivindicación democrática, el conflicto existirá”.
El debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocado para los días 26 y 27 de septiembre, que si no hay sorpresas de última hora, no logará los votos necesarios, da tiempo al PSOE y a sus socios de Sumar para negociar con Puigdemont. Pero los socialistas deben ser conscientes de que hay líneas rojas que no podrán traspasar para satisfacer a los independentistas; o al menos no podrán hacerlo sin sufrir un importante quebranto entre su propio electorado.
Aceptar las exigencias de ERC y Junts de una amnistía, únicamente a cambio de votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, es un disparate que los socialistas no aceptarán, pues necesitan más compromisos que permitan abordar una legislatura con cierta estabilidad en los apoyos parlamentarios al Gobierno.
Pero si los independentistas que organizaron un referéndum ilegal en 2017 y proclamaron la independencia unilateralmente, son amnistiados y no renuncian a la unilateralidad, es decir, a volver a pisotear la Constitución y las leyes, ¿qué garantías tendrían Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, de no estar dando alas a los condenados por sedición para que vuelvan a las andadas?
Cuando ya se da por hecho que la amnistía será una realidad, aunque haya dudas de su encaje constitucional y protestas en las calles –este domingo se concentraron centenares de ciudadanos frente a Cort–, la negociación no puede ser un trágala para que Sánchez prolongue su permanencia en el poder. No todo puede colar, no sólo porque no sea legal, sino porque no es justo ni conveniente.