El Govern de les Illes Balears ha decidido desistir de la operación de adquisición de 88 viviendas de lujo por un valor de 25,8 millones de euros. Esta operación, autorizada por el Govern de Francina Armengol, se encontraba suspendida por la justicia desde el 26 de junio debido a un recurso presentado por la empresa propietaria, Metrovacesa, SA. Así lo ha explicado la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, Marta Vidal, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.
La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha identificado irregularidades sustanciales en el expediente que suponen la nulidad de pleno derecho del acuerdo de adquisición, lo que podría conllevar cuantiosas indemnizaciones. En el proceso administrativo no se encontraron justificaciones técnicas ni informes jurídicos del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) que respaldaran la operación, lo cual era necesario según la Ley 1/2019 para acuerdos del Govern en funciones.
Además, se han detectado sobrecostes en la operación, estimados en al menos 10.598.125 euros, debido al sobreprecio de un 40 por ciento en relación con el precio máximo tasado por metro cuadrado en VPO, el pago del 21 por ciento de IVA y más de 400.000 euros de inversión en la adecuación de las viviendas.
"Nos vemos obligados a revocar el acuerdo que se adoptó de adquirir el edificio H88, situado en el sector de Llevant. Lo hacemos por razones de oportunidad y legalidad, que además generan día a día, indemnizaciones a cargo del erario público y, por tanto, en perjuicio de los ciudadanos de las Islas Baleares", ha explicado la consellera Vidal.
El Govern en funciones insistió en continuar con la operación a pesar de la suspensión judicial, enviando un requerimiento a Metrovacesa, SA, para firmar la escritura pública de compraventa el 5 de julio, un día antes de la investidura de la actual presidenta Marga Prohens.
Dado el perjuicio a las cuentas públicas y la falta de aval jurídico, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad aprecia irregularidades y ha decidido desistir de la operación, detener el proceso judicial en curso para evitar indemnizaciones y trasladar el expediente a la Fiscalía para determinar si existen indicios de delito. También se ordenará una auditoría de la gestión del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
Por último, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, informó que se iniciará el procedimiento para devolver los 17 millones de euros detraídos de Ports IB y los 9 millones restantes a las cuentas generales del Govern de les Illes Balears.
Marta Vidal ha explicado que la política del Govern para aumentar el número de viviendas a disposición del IBAVI se basa en identifica mediante plataformas cartográficas y en colaboración con los ayuntamientos, los suelos urbanos y urbanizables de titularidad municipal y los suelos vacantes. Igualmente Vidal ha detallado que se están preparando las bases de un concurso para comprar suelo o edificios de propiedad privada.