El juicio de los 11 acusados del caso Multimedia está señalado para el 15 de octubre de 2024 y durará por cuatro semanas. Del 15 al 17 de octubre, del 21 al 24 de octubre, del 28 al 31 de octubre y del 4 al 7 de noviembre del próximo año.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado la vista previa del juicio este jueves, pero no se alcanzó ningún acuerdo ya que los encausados no aceptan las acusaciones que la Fiscalía sostiene contra ellos. Concretamente los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documentos oficiales, mercantiles y públicos.
En el grupo de acusados están, entre otros, Antoni Manchado, CEO de la Sociedad Multimedia y exsenador del PSIB; Francisco Cano, antiguo líder socialista en Calvià; y Miquel Oliver, dueño de la productora audiovisual Video U.
El fiscal indica que la Sociedad Multimedia de Baleares fue creada como una sociedad mercantil pública el 27 de enero de 2006, con la Comunidad como su único socio y capital totalmente financiado por ella. La sociedad tenía su propia personalidad jurídica y estaba adscrita a la Conselleria de Presidencia.
Los estatutos de la empresa fueron modificados y su objeto ampliado mediante un decreto de la Conselleria. Además, dos de los imputados en la causa, incluyendo a Manchado, fueron nombrados consejeros del Consejo de Administración de Multimedia de Baleares según el mismo decreto.
Entre febrero de 2008 y octubre de 2011, con el Consejo de Administración renovado y una ampliación en su objeto social, se llevaron a cabo dos líneas de acción lideradas por los dos acusados mencionados anteriormente.
Durante un periodo de tiempo, se realizaron varios contratos que según el fiscal, no respetaron los principios esenciales de la contratación. Se excluyeron posibles competidores y en algunas ocasiones se beneficiaron amigos o personas cercanas a los dirigentes de Multimedia.
Según la Fiscalía, se utilizó una mecánica para obtener ganancias de manera injusta, que consistía en presentar facturas con información falsa a la Administración insular y luego obtener certificaciones de los funcionarios correspondientes de manera deliberada.
Según el fiscal, las certificaciones incluían resoluciones administrativas que permitían el pago por trabajos que no eran útiles para la Administración o que eran copias de informes anteriores o sacados directamente de páginas web. Además, se facturaban trabajos que no se habían realizado o se cobraban horas de trabajo que no existían. Por lo tanto, el fiscal considera que estos pagos fueron injustos.
El Ministerio Público menciona más de diez contratos que se sospechan como ilegales en las dos áreas establecidas por los acusados.
La Fiscalía considera que los hechos son delitos continuados de prevaricación, fraude a la administración, malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial cometido por funcionario y falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de falsedad en documento público.
La causa fue iniciada en 2014 debido a una denuncia del Ministerio Público por presuntos delitos de malversación y fraude cometidos a través de la empresa dependiente de la Conselleria de Presidencia.
El fiscal solicita una condena de 17 años de prisión, una multa de 207.200 euros y una inhabilitación de 32 años para cada uno de los cuatro acusados principales.
En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados tendrán que pagar una indemnización de 814.314 euros a la Comunidad Autónoma.
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