Algunos -pocos- ya predijimos en la primera fase de las sesiones del llamado caso Cursach -aquella en la que se dilucidan las cuestiones previas- que el asunto se encaminaba irremisiblemente a un archivo que, en realidad, pudo haberse decretado ya en ese momento.
Las magistradas, sin embargo, consideraron que era prematuro hacerlo en aquella fase y que debía procederse a la práctica de la prueba para acabar de decantar la balanza con mayor fundamento.
Desde entonces, la endeblez probatoria ha sido la tónica general. Se habrán podido acreditar, con relación a determinados policías locales, prácticas heterodoxas y sancionables en el ámbito administrativo o disciplinario, pero poco más.
De los graves crímenes supuestamente cometidos por Cursach y Sbert no queda, a día de hoy, ni rastro. A lo sumo, rencillas mutuas con otros empresarios de la noche, en las que, como ocurre casi siempre, vencía el más fuerte.
Del resto, nada de nada.
Pero la puntilla que le faltaba a la causa, tras el descabello sufrido por el abandono de la acusación por parte de la Fiscalía, fue la declaración el lunes pasado de los dos funcionarios de la Policía Nacional que han investigado las tropelías del fiscal Subirán y el juez Penalba.
La fabricación de testimonios de cargo coincidentes, el aleccionamiento y reblandecimiento de testigos y la persistencia, a sabiendas, en la mentira como base de la acusación, quedaron completamente al descubierto.
Tras esa declaración, lo que muchos nos preguntamos a día de hoy no es ya por qué Bartolomé Cursach y Tolo Sbert siguen sentados en el banquillo de los acusados pese a la clamorosa falta de pruebas de cargo en su contra, sino cómo es posible que no estén ya en prisión Subirán, Penalba y sus alfiles del Grupo de Blanqueo de la policía, quienes desde la atalaya de impunidad que les proporcionaban sus respectivos cargos desplegaron, con grosero desprecio de la ley y de los principios más elementales de justicia, toda una estrategia procesal para acabar con los acusados, pisoteando derechos y arruinando la vida personal de muchos de los investigados.
Naturalmente, hablamos aún de presuntos delitos, pero por más corporativismo que anide todavía en sus respectivos colectivos, me temo que nada ni nadie les puede librar de una severa condena.
Aún sin haber concluido, el caso Cursach comienza a ser ya el caso Subirán.