¿Quién podría criticar las medidas de apoyo económico a las personas más vulnerables y con menos recursos, que impulsan las distintas administraciones gobernadas por la izquierda? Van destinadas a que los ciudadanos con las rentas más bajas puedan capear mal que bien la tremenda crisis económica causada por la inflación desbocada. Se trata de que puedan llenar la despensa, pagar el alquiler –o la hipoteca, en su caso–, y los recibos de los suministros básicos como luz, gas y transporte público.
No adoptar medidas como las aprobadas por el Gobierno de España, por el Govern balear y ahora también por el Consell de Mallorca, sería, además de un ejercicio de insensibilidad rayana en la crueldad, un ejercicio de irresponsabilidad que conllevaría consecuencias dramáticas para aquellos que menos tienen y que más sufren en cualquier crisis económica. Ningún gobernante en su sano juicio puede, en estas circunstancias y en este contexto tan duro, quedarse de brazos cruzados. Y menos aún sabiendo que el año próximo hay elecciones autonómicas, municipales y generales.
Los partidos de derechas abogan por una reducción generalizada de impuestos –e incluso la supresión de algunos, como el impuesto de Patrimonio–, que alivie la presión fiscal. La premisa es clara: el dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de cada ciudadano. Es una forma de verlo.
Las formaciones de izquierdas, por su parte, defienden, en general, mantener la capacidad recaudatoria de la Administración para hacer frente a las crecientes necesidades de gasto público. E incluso plantean nuevos impuestos a los más acaudalados, aunque de carácter temporal. Y paralelamente, se aprueban medidas de apoyo económico a los más desfavorecidos. Es otra forma de ver la situación y de hacerle frente.
Tanto unos como otros, defienden su forma de afrontar la situación, radicalmente opuesta, y critican con dureza la del contrario. Es lógico. Lo que ya no es tan normal es el tono en el que lo hacen, puesto que nadie tiene la fórmula mágica ni está en posesión absoluta de la verdad, por lo que cabría esperar cierta moderación, a la espera de ver el resultado de las medidas acordadas que, por lo demás, gozan de legitimidad democrática y serán beneficiosas para buena parte de la ciudadanía que se puede acoger a ellas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Govern Armengol y el equipo de gobierno del Consell de Mallorca pueden dar la sensación de estar disparando el gasto público para poner a su favor a muchos miles de votantes. Pero, ¿acaso no es lo que hacen todos aquellos que gobiernan? No parece que las medidas de la izquierda puedan ser criticadas por perjudicar al conjunto de la ciudadanía. Más bien al contrario.
Y los partidos de la oposición de centro derecha, ¿qué sensación están transmitiendo con sus críticas y especialmente con el tono en que las hacen? Además de cierto nivel de confusión, ya que no se esperaban que los gobiernos de izquierda tomaran la iniciativa con tal agresividad y determinación, se diría que están más preocupados por aquellos que más tienen y que los más vulnerables les importan poco o nada.
No digo que sea realmente así, pero es la sensación que a menudo se transmite. Y harían bien en tener esto en cuenta, porque PSOE, Podemos y Més per Mallorca sí tienen claro que ya están en precampaña electoral. Pero sus rivales del centro derecha no parecen tenerlo presente y andan desconcertados y confusos, con tanta crítica furibunda sin propuestas alternativas y un tono chirriante que denota un indisimulable desconcierto.