Esta semana, el INE ha publicado un estudio demográfico sobre proyección de población que es demoledor, pero los medios de comunicación se han fijado tan sólo en el hipotético caso del aumento de población sin mencionar que ese aumento, si se da, será en una población cada vez más envejecida y, por lo tanto, con más costes sanitarios y económicos.
El panorama sobre la realidad actual de la familia en Baleares no es muy alentador. De entre todos los indicadores, cuatro llaman especialmente la atención: envejece la población; nacen menos niños; se casa menos gente, y hay más rupturas familiares.
Baleares ya está inmersa en un invierno demográfico. Esta inversión de la pirámide poblacional se irá acentuando si continúa cayendo la tasa de fecundidad, situada hoy en Baleares en 1,38 hijos por mujer.
Por otra parte, la caída de la nupcialidad ha coincidido con el aumento de las rupturas familiares, problema dramáticamente agravado con la entrada en vigor de la ley del divorcio exprés.
La situación en la que se están metiendo las familias demanda desde hace años una política familiar integral. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el resto de la Unión Europea, todavía no ha calado en este país la idea de que la familia ha de ser apoyada en sus funciones básicas.
Sólo en el ámbito legislativo, hay que identificar cuatro grandes lagunas que, a su vez, producen carencias en otros terrenos: no existe una ley estatal de protección de la familia, lo que deja a esta institución a merced de vaivenes políticos; no existe un plan integral de apoyo a la familia, lo que favorece la improvisación y las medidas cortoplacistas; no existe una ley de prevención y mediación familiar para todo el país, y, en cambio, se facilitan los divorcios precipitados; no existe una ley autonómica de protección y apoyo a la maternidad, pero se dan numerosas facilidades para abortar.
A las deficiencias legislativas hay que añadir las de tipo fiscal. Un ejemplo es el actual IRPF: lejos de ayudar, penaliza a los matrimonios en régimen de gananciales, sobre todo si los ingresos provienen de un solo perceptor. Baleares es la CCAA en la que menos se puede desgravar por gastos familiares.
Es curioso porque, mientras los poderes públicos ayudan poco a la familia, o incluso la maltratan, la institución familiar sigue desplegando todas sus funciones al servicio de la sociedad.
Parece lógico, pues, que los poderes públicos arrimen el hombro para apoyar y proteger la institución que, probablemente, más problemas les resuelve. Hay que exigir un cambio de mentalidad. Se trata de convertir a la familia en una prioridad de las políticas sociales, y no simplemente de depositar una limosna en un cestillo de mimbre.
Todo depende ahora de que exista voluntad para convertir el apoyo a la familia en una prioridad política y social.