Este gobierno lo quiere controlar todo a base de decretos. Otra libertad que quiere someter es la de mercado. No basta con lo que han estrechado el cerco a las individuales.
La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere controlar la inflación limitando los precios de los productos básicos. Como idea teórica está bien. En el plano práctico implica desconocer los principios básicos de la economía, despreciar la libertad de mercado y suponer que los empresarios, en este caso los supermercados, están haciendo su agosto con esta inflación.
No toquéis los precios. La competencia es la forma óptima para regularlos.
El negocio de los supermercados está basado en la rotación o venta de muchos productos de bajos márgenes. Así de sencillo.
Muchos pequeños márgenes de muchos productos dan, como resultado, un buen margen operativo para el negocio.
Cuánto más grande es el supermercado, más se convierte en un negocio financiero. Imaginen un hipermercado con 30 cajas que venden y cobran al contado miles de productos al día cuyo pago a los proveedores tendrá lugar 30 días después. Mucho dinero gratis para invertir o recomprar más productos obteniendo mayor rentabilidad ¿no?
Pero los márgenes unitarios por producto son muy bajos. Es decir, al precio de venta hay que restarle (parece habérselo olvidado a la ministra) un precio de coste muy ajustado.
Bajar los precios finales de productos básicos sin tocar los costes hará inviable la venta de algunos de ellos.
Los supermercados pequeños, tiendas de ultramarinos (bonita palabra), “botigues” o fruterías de barrio lo sufrirán más. Los hipermercados, además de su ventaja financiera, lo notarán menos porque su oferta es muy amplia y va más allá de los productos básicos. La concentración de la oferta irá en aumento.
Limitar precios nunca ha funcionado. Esta dudosa técnica fomenta el mercado negro (véase cuando se ha intentado limitar el precio de los alquileres o el de venta de las Viviendas de Protección Oficial o VPO); reduce la oferta (desalienta que otros abran nuevos supermercados o alienta al cierre de los que están en la cuerda floja), hecho que, junto a una demanda constante hace subir precios (en este caso de los productos cuyo precio no esté limitado, es decir, los no básicos) y provoca desempleo al reducir los márgenes y obligar al empresario a cerrar o redimensionar el negocio.
La paradoja está en que la ministra de empleo puede, con esta medida, fomentar el desempleo.
El gobierno pide un esfuerzo a los empresarios pero no mueve un dedo en la otra parte del precio final que sí es competencia suya: el IVA.
Bajar el IVA de los productos básicos ayudaría a los bolsillos de los ciudadanos y no causaría ningún perjuicio a los supermercados, sobre todo a los pequeños. Más bien, al contrario.
Ese esfuerzo asimétrico que pide el gobierno puede causar un efecto boomerang no deseado.
Para vencerlo, hay que recordar el origen del enemigo. El origen de la inflación viene por parte de la oferta, debido al encarecimiento de ciertos suministros y materias primas pero también por la gran cantidad de dinero en circulación y su presión sobre la demanda. Aunque recuerden que para el gobierno el culpable es Putin.
De nada de ello tienen culpa los supermercados que se basan en la mera distribución: compran los productos que venderán, encarecidos por el entorno que han encontrado (cereales, aceites, verduras, frutas, …) y pagan más por la electricidad para mantenerlos frescos.
Escurren la culpa y escurren el bulto porque no hacen cuánto está en su mano para bajar los precios de los productos básicos. Recuerden que en épocas de inflación los gobiernos hacen caja: cobran más al aplicar un tipo de IVA sobre una base más alta. No solo se enriquecen y no aportan recursos sino que piden que el esfuerzo lo hagan otros. Los de siempre.