El macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca prosigue este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares con la declaración como testigos de varios agentes de policía en relación a diversos operativos desarrollados en el poblado de Son Banya y otros puntos de la isla.
Los agentes se han referido a varios operativos de distinto tipo llevados a cabo entre 2017 y 2018 y uno de ellos ha afirmado que en un registro los policías llegaron a incautarse de hasta 43.000 euros, aunque no de sustancia estupefaciente. En otros registros, sin embargo, sí que se hallaron instrumentos para el tratamiento de la droga, como balanzas.
Los testigos también han relatado algunos encuentros entre individuos aparentemente para intercambiar sustancia estupefaciente o para salir de Palma para comprar droga.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares seguirá hasta el próximo viernes con el macrojuicio contra 25 acusados por narcotráfico en Mallorca, después de que dicha continuación fuera aplazada el 24 de enero por contagios de la COVID.
Cabe recordar que el macrojuicio arrancó el pasado 10 de enero contra un total de 72 acusados de distintos clanes de narcotráfico de la isla, si bien la mayoría alcanzó acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que reconocieron los hechos y verán reducida la pena de prisión que se les pedía.
Parte de los 25 acusados que no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía optaron el pasado 12 de enero por contestar solamente a las preguntas de sus defensas para desvincularse de la supuesta venta de droga.
Las defensas pretenden demostrar que los acusados restantes en la causa no estarían implicados en el tráfico de droga, ya que no se les intervino cantidad alguna de sustancia o fueron cantidades muy bajas que serían para consumo propio. Los letrados entienden que no hay prueba suficiente para una condena por tráfico de drogas para estas personas.
El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados se dedicaron a la venta de droga durante varios años hasta que fueron detenidos tras una investigación de la Guardia Civil.
Los investigadores constataron que estas personas, relacionadas con distintos clanes de narcotráfico, se integraban en grupos que operaban tanto dentro de sus propios círculos como en conexiones entre sí.
Así, la Fiscalía señala al 'clan de la Carmen', encabezado por la matriarca, C. S. H., con la ayuda de su hermana e hijas, y en el que se integraban varios de los acusados. El Ministerio Público sostiene que regentaban distintos puntos de venta de cocaína, heroína, marihuana y hachís en Palma.
Según la Fiscalía, varios de sus miembros mantenían contacto con integrantes del 'Clan de Andújar', asentado en Son Banya, para aprovisionarse de droga. Al frente de este clan sitúa a C.A.M., y sostiene que daba instrucciones a su mujer desde la cárcel de Palma para dirigir la organización.
Además, la Fiscalía también señala a miembros del 'clan de la Eva', el 'clan del Moreno', 'el clan del Seco' y el 'clan del Pitillo' dentro de esta estructura de contactos.
El fiscal detalla que, con esta red, la actividad de los clanes abarcaba no sólo Palma sino también otros municipios como Inca, Algaida y Marratxí.
Por otra parte, uno de los acusados se enfrenta a un delito de atentado por abalanzarse, durante un registro, contra un agente de la Guardia Civil con un cuchillo, que impactó en el escudo de protección. El sospechoso se refugió en una habitación de la vivienda, de la que finalmente salió esgrimiendo el arma, pero la Guardia Civil logró reducirlo.
Varios acusados también se enfrentan a una condena adicional por posesión de armas. Se intervino una pistola de nueve milímetros, que uno de los acusados había entregado a otro de los procesados antes de huir a Albacete, donde fue detenido; y también se hallaron armas simuladas de tenencia prohibida en los registros domiciliarios.
Para este juicio, originalmente la Fiscalía pedía penas que, en conjunto, sumaban 490 años y medio de cárcel, y multas desde 1.200 euros hasta 1,2 millones, por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Con todo, el cómputo final será inferior puesto que los acusados que han firmado acuerdos y reconocido los hechos han visto reducida la pena de prisión que se les pedía.