El impuesto para el turismo sostenible de Baleares, denominado ecotasa por los políticos que quieren rebajar la carga negativa de la palabra 'impuesto', nació con mucha controversia, y no sólo porque los hoteleros se manifestaran en contra y la utilizaran como arma política. El momento en que inició su andadura -el año 2002- estaba marcado por el miedo a volar después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, y, además, desde el punto de vista técnico del derecho financiero, la configuración jurídica del tributo era muy controvertida, al poner, por ejemplo, al cobrador en la posición de 'sujeto pasivo sustituto del contribuyente'.
Finalmente, el impuesto turístico fue confirmado en el año 2016, llegando a tener, a día de hoy, una cierta aceptación social basada en el hecho de ser un tributo finalista y tener como objetivo la obtención de recursos para desarrollar medidas para el impulso del turismo sostenible.
Para quienes están en la posición de cobrar el impuesto, y, sobre todo, en lo que se refiere a las viviendas vacacionales, tener que 'romperse' la cara ante los turistas para que paguen los dos euros por noche de rigor, no es una situación especialmente entrañable, pero se hace pensando en que la meta es loable y, además, necesaria.
Es por ello que me sumo a todas las críticas que se han escuchado en los últimos días contra el hecho de que se hayan utilizado casi 600.000 euros de la recaudación de la ecotasa para financiar un certamen musical, Los 40 Awards, que, siendo de alabar y aplaudir que se haya elegido Mallorca para su celebración, el argumento de que contribuye a la desestacionalización turística está entrado con un calzador del tamaño de la Seu.
Los argumentos dados por el PSIB-PSOE en el sentido de que el patrocinio de la gala sirve para "posicionar a las islas como un destino abierto y seguro, también en los meses de invierno" (sic, Iago Negueruela), no resultan en absoluto convincentes. Si el margen de interpretación es tan amplio, llegaremos a una aplicación tan arbitraria de la literalidad de la ley que ésta perderá todo su sentido y aceptación.
Pero no se ha visto, de cara al exterior, demasiada autocrítica por parte del PSOE, a pesar de haberse quedado solo y ver que todos los partidos políticos, incluidos sus socios, Podemos y MÉS, se han manifestado abiertamente en contra, e incluso se habla, sin ambages, de “desvío” de fondos públicos. Se avista el camino hacia los tribunales, porque no creo que se atrevan con la reprobación parlamentaria.