Es difícil de comprender por qué Estados Unidos, con 316 millones de habitantes, tiene sólo 100 senadores y 435 congresistas, mientras que España, con un censo de 47 millones, cuenta con 350 diputados y 264 senadores. O nos faltan habitantes o nos sobran señorías. Dada la desproporción entre ambos países, cabe preguntarse si la calidad de la democracia depende de la cantidad de escaños o de la capacidad de las personas que los ocupan.
¿Alguien puede creer que son absolutamente necesarios 614 parlamentarios nacionales para representarnos y mantener viva la llama de la democracia? Seguramente, con la mitad estaríamos igual de servidos y menos esquilmados
Mariano Rajoy sugirió en 2011 reducir "como mínimo a la mitad el número de personas de confianza en la administración". Pero se quedó en eso, en una simple sugerencia. José Bono, poco antes de abandonar la presidencia del Congreso, calificó de "disparate" que hubiera diecisiete defensores del pueblo. Incluso el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba defendía, en un debate electoral frente a Rajoy, la necesidad de suprimir las diputaciones.
Algunos presidentes autonómicos también manifestaron su interés por aligerar los cargos políticos, como José Ramón Bauzá en nuestra comunidad, que cifró en 16 el número de diputados a reducir en el Parlament balear, lo que suponía entonces un ahorro de 12 millones de euros por legislatura. Todos estos anuncios se hicieron en el marco de la crisis económica que estalló en 2010 y, a tenor de lo ocurrido, es evidente que se trataba de propuestas para quedar bien ante el electorado más que planteamientos sinceros. La única que sí cumplió su promesa fue María Dolores de Cospedal, que redujo de 49 a 33 el números de diputados en el parlamento de Castilla La Mancha. Al César lo que es del César.
Si trasladamos la ecuación al ámbito balear, ¿alguien duda de que con la mitad de los 59 diputados que hoy se sientan en el Parlament no estaríamos igual de representados y la actividad legislativa no estaría garantizada?
Pasado el ecuador de la presente legislatura, nueve de sus señorías no habían sido capaces de impulsar una sola iniciativa parlamentaria propia en la Cámara autonómica. Se trataba de los socialistas Benlloch, Casasnovas, Sansó, Truyols, Irantzu Fernández, Ferrer, Carbonero y Dalmau.
Pero ya no es solo un tema de productividad, sino también de la calidad de las iniciativas presentadas. Porque, realmente necesitamos pagar a 59 diputados para que se entretengan en debatir iniciativas tan estrambóticas como si hay que limitar la llegada de barcos procedentes de Mallorca a las fiestas de Sant Joan para que no vayan tantos mallorquines, presentada por el diputado Josep Castells de Més per Menorca, debatida la pasada semana. O la que presentó en plena pandemia un representante de Podemos, para que se sirvieran huevos de gallinas libres y no enjauladas en los comedores de Balears, que sí contó con la aprobación de la mayoría de la Cámara.
Mientras el Gobierno sube las cotizaciones, es decir recorta, a empresas y autónomos para, según ellos, garantizar las pensiones futuras, la clase política surfea por las consecuencias de la pandemia, sin que le afecten EREs ni pérdida de poder adquisitivo, como al resto de mortales. La realidad es que el Govern balear y el Gobierno central tienen más cargos y asesores políticos que nunca. Lo dicho, o faltan ciudadanos para mantener el negocio o sobran políticos, pero las cuentas no salen.