La cifra es brutal y da buena cuenta del gravísimo problema de vivienda que existe en Baleares: los ciudadanos de las islas pagan un 51 por ciento más en la compra de una casa que hace cinco años, según Fotocasa, uno de los principales portales inmobiliarios de España.
El estudio, denominado “Variación acumulativa de la vivienda en España en 2021”, recoge los precios de la vivienda de los últimos 15 años y señala que la cuantía media del metro cuadrado se ha disparado en las islas un 51 por ciento respecto a junio de 2016: hace un lustro se situaba en 1.890 euros y ahora en 2.848 euros.
Si nos fijamos concretamente en Palma la cifra se desboca hasta el 60 por ciento, teniendo que pagar los interesados 3.127 euros el metro cuadrado en junio de este año frente a los 1.956 euros del de junio de 2016.
Los compradores del archipiélago resultan ser los más afectados por la subida generalizada de precios en el último lustro, por delante incluso de los madrileños. Si bien no se han llegado a los números de la burbuja inmobiliaria, la tendencia es claramente alcista y preocupa especialmente en Baleares, ya que es también la comunidad con mayor crecimiento demográfico.
Esta cuestión, unida al enorme interés internacional por el mercado balear -no todos los territorios españoles cuentan con el factor extranjero de alto poder adquisitivo pujando por el precio- son dos de los factores que explican la subida: más demanda y misma (o menor) oferta es sinónimo de escalada de precios.
Si a ello sumamos que el mercado del alquiler también resulta inalcanzable para la inmensa mayoría de la población -incluidos los trabajadores públicos que aseguran la calidad de vida, como sanitarios, policías o personal de Justicia- la vivienda se convierte en misión imposible.
Las administraciones lo saben pero se limitan a impulsar medidas parciales que no solucionan en nada el problema de fondo y es que las islas son, de cada vez más, territorio para ciudadanos de alto poder adquisitivo. Por ello, resulta urgente que los gobiernos estatal, autonómico y municipales cojan, de una vez por todas, el toro por los cuernos, aborden este tema con máxima prioridad y articulen mecanismos de distensión de precios. Nos conviene a todos.