Como cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de Derecho sabe o debería saber, el proceso penal se inicia por denuncia o querella. Como norma general, cuando un ciudadano presenta una querella criminal contra una persona (da igual si es o no una autoridad pública), a menos que los hechos no constituyan delito o cuando el juez ante quien se presentó la querella no se considere competente para su instrucción.
Cuando hace unas semanas supimos del confinamiento forzoso de menores de edad en un hotel de Palma, ordenado por la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, mucha gente se echó las manos a la cabeza porque era mucho más que probable que esa decisión, por más que se considerase imprescindible para preservar la salud de la comunidad, le acarrearía problemas legales en el caso de que los padres o tutores de los menores confinados decidiesen acudir a los Tribunales, como así ha sido.
Font ha sido citada para declarar ante la jueza de Instrucción nº 12 de Palma en calidad de investigada, algo que no presupone absolutamente nada, que no es indicio de culpabilidad ni supone una minoración en el prestigio ni en la honra de la citada directora general, sino que es un ejercicio más de transparencia y de normalidad en un Estado de Derecho.
Si una persona presenta una querella contra otra, acusándola de cometer un delito, a menos que los hechos no constituyan tal delito, el juez debe incoar una causa penal y llamar a declarar a la persona querellada en calidad de investigada.
La legión de tuiteros movilizados por el PSOE para criticar a la jueza por haberse atrevido a hacer lo que la Ley le exige que haga, es una demostración más de que las directrices de PSOE y Podemos a nivel nacional de atizar a la opinión pública contra el Poder Judicial han llegado también a Baleares.
Sólo tiene que temer de la acción de la Justicia quien vulnera la Ley. Si Font no lo ha hecho, ni ella ni el Govern deben tener la menor preocupación y menos aún argumentar que la actuación de la directora general fue “en beneficio de la comunidad”. También debió serlo cuando unos policías en Madrid decidieron derribar una puerta y entrar en un domicilio sin mandamiento judicial para identificar a los participantes en una fiesta en un piso de alquiler turístico, lo cual no ha impedido que sean llamados a declarar en calidad de investigados.
Los mismos que ahora lamentan la actuación de la magistrada son los que mientras los jueces avalaban las decisiones del Govern, exhibieron ese dato como garantía de lo bien que estaba gestionando la pandemia el Govern Armengol. Ahora que los jueces piden explicaciones o tumban algunas decisiones arbitrarias y desproporcionadas del Ejecutivo, cargan sin compasión contra el Poder Judicial.
Lo hacen demostrando muy poco respeto por la Democracia, por la separación de poderes y por la Ley. Esto es lo que subyace en las furibundas críticas por la imputación de Font. Y hay que advertir seriamente que quienes pretenden que las actuaciones gubernamentales no puedan ser revisadas y en su caso corregidas por los jueces, lo que realmente pretenden es imponer un estado totalitario donde prime la voluntad del gobernante por encima de la Ley. La amenaza es seria.