De este modo, la sentencia de primera instancia y la reciente del TSJIB ponen en cuestión la justificación del interés general que motivó la decisión del pleno del Consell de Mallorca del 2 de agosto de 2017 consistente en rescatar la concesión de la gestión del Túnel de Sóller.
El gobierno insular ha manifestado su "respeto" a la sentencia del TSJB, pero ha precisado que "no comparte su contenido". La institución que preside Catalina Cladera defiende que la finalización del peaje del Túnel de Sóller en 2017 estaba "plenamente justificado" y que el rescate de la concesión ya conllevó "el abono de un justo precio marcado por un peritaje independiente y avalado" por el Consell Consultivo de Baleares, cifrado en 17,4 millones de euros.
En cualquier caso, el actual equipo del Consell mantiene el apoyo a la decisión adoptada durante la pasada legislatura, con Miquel Ensenyat, actual portovoz parlamentario de Més per Mallorca, en la presidencia, al entender que "se actuó en favor del interés general para que toda la ciudadanía pudiera disfrutar de manera libre y gratuita del libre paso por la totalidad de las vías públicas de la isla, sin que se produjeran desigualdades en este sentido en función del lugar de residencia".
La institución insular ha señalado que contra esta sentencia cabe recurso de casación, pero, al tratarse de un recurso extraordinario, debe estudiar la viabilidad de su presentación. No obstante, ha avanzado que "agotará todas las vías posibles y seguirá trabajando para mantener el actual estatus de gratuidad" del Túnel de Sóller.