El Consell de Mallorca es la administración pública sobre la que pivota principalmente la gestión de los menores tutelados en la isla, y la que está recibiendo la mayor parte de los reproches por unos hechos de singular gravedad que han dado la vuelta al mundo, toda vez que incluso la prensa internacional se ha hecho eco de estos lamentables sucesos.
El gobierno insular que preside la socialista Catalina Cladera, y en particular el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), organismo de la que depende la protección de estos menores, se hallan en el epicentro de las críticas de una población que, como pone de manifiesto la encuesta de mallorcadiario.com, no comparte ni las explicaciones facilitadas por los responsables políticos ni tampoco las alternativas que han puesto sobre la mesa para resolver el problema.
Una de estas alternativas ha sido la constitución de una comisión política cuya labor consiste en indagar acerca de la gestión que los sucesivos equipos de gobierno del Consell de Mallorca y del IMAS han realizado en el ámbito de los menores tutelados. Sin embargo, esta comisión ha nacido con varios frentes abiertos.
Uno de ellos es que, a pesar de que los casos de abusos que han salido a la palestra pública se han producido durante la actual legislatura comandada por el pacto PSIB-Unidas Podemos-Més per Mallorca, la investigación de la comisión abarca un periodo mucho más amplio, que afecta incluso al periodo de la mayoría absoluta del PP, entre 2011 y 2015. En cambio, la legislatura inmediatamente anterior (2007-2011), liderada por la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, ha quedado excluida de los trabajos de la comisión.
Estas y otras razones han motivado que dos de los partidos de la oposición en el Consell, PP y Vox, hayan declinado tomar parte en este órgano, aunque, en cambio, sí están participando activamente tanto Ciudadanos como El PI-Proposta per les Illes, además de los grupos que prestan su apoyo al gobierno insular.