Por ello, el CSIF, sindicato con mayor representación en las administraciones públicas y mayoritario en la mesa de negociación constituida por el Ministerio del Interior, exige priorizar la vacunación a los funcionarios penitenciarios al tratarse de personal esencial, así como la realización de cribados preventivos y la suspensión inmediata de las comunicaciones de los presos con personas externas.
Según datos recopilados por el CSIF, a 27 de enero se registraban en las prisiones españolas un total de 611 casos positivos (274 trabajadores y 337 internos) y 1.354 personas estaban en cuarentena (1.038 presos y 316 funcionarios).
La peor estadística, de acuerdo con la información facilitada por el sindicato, se registra en la cárcel valenciana de Picassent, donde hay 133 reclusos y 16 trabajadores positivos y 473 casos en cuarentena, sobre una población de 1.900 personas. No obstante, la organización ha apuntado que la situación generada por la Covid es también dramática en centros de Teruel, Palencia, Murcia, Lleida, León, Asturias, Cádiz, Granada y Sevilla.
Finalmente, el CSIF ha recordado que en las prisiones conviven personas con sistemas inmunitarios muy debilitados, con mayor riesgo de enfermar gravemente por el virus, y que, además, las cárceles son espacios cerrados donde los internos y el personal han de permanecer en condiciones de proximidad y durante periodos prolongados de tiempo. En este sentido, el sindicato afirma que el riesgo de contagio que ha de afrontar este colectivo supera el de la población general.