El texto endurece las sanciones previstas en el primer decreto, aprobado en julio, en función de los niveles de alerta, y supone que en el nivel 4 de alerta las sanciones leves pasan a graves y las graves pasan a muy graves, llegando las sanciones hasta los 600.000 euros.
El decreto ha salido adelante con el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del resto de la oposición, desde donde se han lanzado duras críticas a la "incoherencia" y a la "ejemplaridad" del Govern, al que se ha acusado de actuar con improvisación y de no cumplir las normas que propone, en referencia a la polémica del Hat Bar que protagonizó en su momento la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol.
En su intervención, la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, ha resaltado que la Administración autonómica, con la promulgación de este decreto, no persigue afán sancionador, sino actuar de manera efectiva ante los incumplimientos.
Por parte de Ciudadanos, que ha votado a favor de la medida, el portavoz adjunto, Marc Pérez-Ribas, ha reclamado el compromiso del Ejecutivo autonómico para garantizar el cumplimiento de la normativa y, en esta línea, ha pedido un compromiso ético para apartar de sus cargos a quienes "se salten las colas de la vacunación".
Pérez-Ribas ha criticado que se esté hablando de sanciones mientras familias de clase media acuden a "las colas del hambre", cuando los jóvenes han perdido experiencias vitales y cuando todos los sectores reclaman ayudas para sobrevivir.
En su turno de palabra, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha destacado que lo que el Govern ha llamado "flexibilidad" para la aplicación de las sanciones "es improvisación", y ha lamentado que el endurecimiento de las medidas restrictivas antes de Navidad fue una "operación de marketing con efecto nulo".
Lafuente ha criticado que el Ejecutivo culpe a los ciudadanos y fíe la recuperación al cumplimiento de las sanciones sin contar con la credibilidad para hacerlo. "Cuando quien dicta las normas es el primero que las incumple, pasa lo que pasa", ha añadido.
En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha resaltado que culpar a los ciudadanos se ha convertido "en un mantra de la izquierda" que quiere disimular su "incapacidad" para gestionar la pandemia.
Por su parte, el diputado de El PI Josep Melià ha calificado de "escándalo democrático" que el decreto no se haya tramitado como proyecto de ley sin la participación de los grupos parlamentarios. Melià ha reprochado igualmente el "populismo punitivo" que desprende el decreto, y ha negado que el endurecimiento de las sanciones vaya a desembocar en un mayor cumplimiento por parte de la ciudadanía. El diputado ha lamentado que la izquierda utilice este mecanismo que niega en otros asuntos, como la cadena perpetua.
A su vez, la diputada de Més per Mallorca Joana Aina Campomar ha pedido que se eviten los mensajes contradictorios. Según ha recordado, en Navidad se pidió a los ciudadanos que se quedaran en casa al mismo tiempo que se flexibilizaban las restricciones.
Por parte del PSIB, Pilar Carbonero ha asegurado que los gobiernos de todos los colores políticos toman las medidas que están en sus manos, y ha afeado a la oposición que critique medidas que sus partidos aplican en las regiones en las que gobiernan.