Los datos los ha aportado la consellera de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, en su intervención ante el pleno del Parlament para pedir a los grupos políticos que ratifiquen el decreto ley del Govern que actualiza las sanciones por dichos incumplimientos en el nivel de riesgo 4 por la pandemia.
Castro ha detallado que se han iniciado cerca de 20.000 actas de sanción en las cuatro islas, de ellas ya se han registrado 7.467, de las cuales 6.703 corresponden a particulares y 764 a establecimientos.
Además de las propuestas de sanción económica, se han cerrado 7 establecimientos como medida cautelar desde julio: 3 en Mallorca, 3 en Ibiza y uno en Formentera.
Castro ha asegurado que el decreto de sanciones se adapta a la cambiante situación epidemiológica de las islas desde su entrada en vigor en julio y ha destacado que Baleares fue la primera comunidad en aprobar un régimen sancionar específico para los incumplimientos en materia anticovid.
Ha destacado que, cuando entraron en vigor las sanciones, el Govern contaba con 7 instructores de las actuaciones y en la actualidad disponen de 17 para tramitarlas.
Según la consellera, "la razón de ser de la normativa es incrementar el nivel de cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias para evitar situaciones que puedan favorecer los contagios".
"No tenemos ningún afán recaudatorio sino la necesidad de ser contundentes con aquellos se saltan las normas poniendo en peligro la vida de muchas personas; se trata de una cuestión de salud pública", ha asegurado Castro, quien ha destacado la respuesta ejemplar de la ciudadanía hacia las restricciones por la pandemia.
"El objetivo es velar por la salud pública", ha insistido en su intervención ante el Parlament, en la que ha advertido de que se deben mantener las medidas y las sanciones por incumplirlas, dado que "la situación sanitaria actual es de máximo riesgo".
El Decreto Ley 15/2020, de 21 de diciembre de 2020, que modifica el aprobado en julio, endurece las sanciones en el nivel de riesgo 4, para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la covid-19.