Uno de los comportamientos más sorprendentes de nuestros gobernantes durante el conflicto pandémico que venimos sosteniendo contra el bicho ha sido el empeño en empeorar determinados servicios públicos esenciales. No salgo de mi asombro, por ejemplo, con la espectacular subida del recibo de la electricidad. Y ya no es una cuestión únicamente de ideología o de coherencia con el programa electoral -en el caso de Podemos, un tebeo en papel mojado-, sino del simple sentido común. ¿Cómo es posible que el Gobierno no haga absolutamente nada, en medio de la más dura ola de frío de los últimos setenta años en la península, para contener el precio del suministro eléctrico? No podrá aducir que la cuestión le ha pillado por sorpresa, porque, de ser así, los ministros pueden presentar su dimisión mañana mismo en pleno. Resulta incomprensible, además, porque esta cuestión erosiona tanto la credibilidad del ejecutivo que hasta mis amigos socialistas la critican en las redes. Misterios de la factoría de Iván Redondo.
Por aquí las cosas no son distintas. En Palma, a nuestro decorativo alcalde se le ocurrió subir salvajemente el precio del billete sencillo de autobús días antes de lo peor de la primera ola de la pandemia. Supongo que se hizo para minimizar las críticas y la respuesta ciudadana. Si combinamos esta decisión con el desbarajuste armado en el tráfico rodado a cuenta de las ocurrencias del concejal Dalmau y con las del Consell a cuenta de la vía de cintura, pues nos sale el negocio redondo, especialmente a los palmesanos. Como la actual oposición se limita a criticar sin asumir ningún compromiso de reversión, el futuro se presenta negro gobierne quien gobierne, salvo que de una vez irrumpa una nueva fuerza que acabe con esta cobarde y errática forma de desenvolverse.
Pero no crean que la Part Forana escapa a esta disparatada política de empeorarlo todo. Lo del TIB es aún más escandaloso. Se presenta como un avance lo que, en la mayor parte de los casos, se traduce como un enlentecimiento de los trayectos y, lo que es peor, una subida de precios sin precedentes. Algunas poblaciones del interior ya solo disponen de una alternativa que obliga a quienes se ven obligados a usar el transporte público a perder horas de sueño, porque lo que antes eran 30 minutos, ahora son 45, pero con incrementos de precio que rondan el 45%. Una amiga me comentaba en las redes que un trayecto habitual para ella como un Sa
Pobla-Inca de ida y vuelta había pasado de 3,70 euros a 5,40. Se castiga, precisamente, al usuario habitual, es decir, a aquel que usa el servicio por necesidad.
Y estos son los que decían que apostaban por lo público.