La manifestación ha sido convocada por la Plataforma Más Plurales de la que forman parte diversas asociaciones de padres y madres de alumnos pero también sindicatos, empresas y diferentes colectivos de la concertada.
Plataforma que leva desde el mes de noviembre protestando contra la que será la octava ley de Educación de la democracia española. Una protesta que ha sido convocada en todo el territorio nacional.
La de este domingo se suma a las otras cinco celebradas entre noviembre y diciembre frente al Congreso y el Senado y la llevada a cabo el 22 de noviembre en vehículos, y se enmarca en las acciones previstas de la campaña 'Más Plurales, Más Libres, Más Iguales' puesta en marcha por la plataforma con el objetivo de paralizar la nueva ley que, a su juicio, ha sido tramitada "sin el menor consenso con la comunidad educativa ni la sociedad civil" y es, además, un "ataque" a la educación concertada y la educación especial.
"Aunque el rodillo de la Ley Celaá sigue su curso con la intención de lograr su aprobación en tiempo récord el próximo 23 de diciembre, la concertada no va a permanecer callada ante esta demostración de falta de espíritu democrático de quien ha impulsado la LOMLOE", señala la Plataforma.
Entre otras cuestiones, la 'Ley Celaá' contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que segreguen por sexo y la eliminación del criterio de "demanda social" al priorizar el aumento de plazas públicas.
Para la plataforma, la supresión de la "demanda social" de los centros privados sostenidos con fondos públicos "deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos", lo que para ellos supone un "ataque a la libertad" porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Otras quejas se centran en la nueva situación de la asignatura de Religión, de oferta obligatoria pero de carácter voluntario y que ahora no valdrá para la nota media al no tener una asignatura alternativa y en torno a cómo quedaría la educación especial con la nueva Ley, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.