La norma recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
Sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.
Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso. Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome.
Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha dirigido al Congreso, para agradecer la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia "una sociedad más humana y más justa". Para Illa, esta medida demuestra que España es "una democracia moderna" y "lo suficientemente madura" como para frontar esta cuestión.
La portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, también se ha dirigido a PP y Vox para reprocharles que "nieguen a quienes no tienen dinero" o "no piensen como ellos" el derecho al uso de su "libertad personal". De hecho, Medel cree que a ambas formaciones "no les importa la libertad personal" y quieren "imponer" al resto de españoles "cómo deben morir".
Frente a estos argumento, PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos. El representante de los 'populares', Ignacio Echániz, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma "al final del último día, del último Pleno ordinario" y a través del procedimiento de proposición de ley, "sin informes técnicos ni jurídicos", "sin audiencia pública", "sin estudios demoscópicos recientes" o "sin permitir las comparecencias de expertos" entre otros, porque es "injusta, inoportuna e incontitucional".
Por su parte, la diputada de Vox, Lourdes Monasterio, ha lamentado que esta después de esta "traición despiadada, inhumana e ilegítima", los partidos a favor lo celebren "al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles". A su juicio, se esta "quebrantando el derecho a la vida" con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es "más fácil, más cómodo y económico".