El ayuntamiento de Palma presentó ayer su plan para eliminar las pintadas que, con su indolencia y pasividad, han proliferado durante el mandato (¿?) de José Hila. El plan consiste, a grandes rasgos, en que Cort no haga absolutamente nada -como sucede desde hace cinco años- para reprimir la actividad vandálica de los grafiteros, para luego hacer caja con las víctimas de su incompetencia, a razón de 10 euros el metro cuadrado.
El pacte municipal se convierte así en socio de los vándalos, de manera que, cuantas más pintadas adornen Ciutat, más recaudará EMAYA. Su presidente, Ramón Perpinyà, adujo, en cambio, que la tasa es 'simbólica', porque el coste real por eliminar las pintadas es muy superior, de manera que solo nos cobrarán un 10 o 15 por ciento del mismo. Parece ser que van a limpiar cubriendo los grafitis con pan de oro, o a lo mejor es que los salarios de EMAYA están destarifados con relación a la marcha del país.
A ver, yo es que soy de ciencias, de manera que rápidamente me pongo a hacer cálculos. Resulta que, en una ciudad abandonada por su alcalde, miles de comercios y fachadas particulares son sistemáticamente dañadas por bandas de jóvenes anormales, engorilados con pintarrajear la propiedad ajena con el producto de su disfunción mental.
Pongamos, además, que los ciudadanos, pese a lo que observamos a diario, y obnubilados por la excelsa efectividad de Cort, creamos firmemente que tal acontecimiento ha sido fruto de la mala suerte y que es imposible que vuelva a repetirse y, en consecuencia, decidamos llamar a los operarios al mando de Perpinyà para que hagan su trabajo, previo pago de la nimia tasa que tan generosamente nos regalan. ¿Se han parado ustedes a pensar la de metros cuadrados de pintadas que ha cosechado el ayuntamiento en tan solo un lustro? Pues bien, multiplíquenlos por 100 euros, que es el coste real de su eliminación, según los gerifaltes de la municipalidad.
En resumen, que más o menos cada veinticinco metros cuadrados que limpie EMAYA -lo cual sucederá a diario unas cuantas veces, si es que pretenden que su actividad se note y poder publicar fotos en el facebook del alcalde-, habríamos podido pagarle la mensualidad entera a un nuevo agente de la Policía Local.
Y no solo eso, sino que, si realmente Cort quisiera perseguir a los autores, con una simple modificación de la ordenanza cívica que impusiera multas disuasorias en consonancia con el valor de los daños -incluso los menores de edad tienen padres que tendrían que responder por ellos-, no solo se recuperaría el coste que tiene para todos esta lacra inmunda, sino que, además, el consistorio recaudaría muchos más fondos que sableando, como ha anunciado que va a hacer, a las víctimas de su inveterada incompetencia.