No resulta tranquilizador que un gobierno que se caracteriza por las diferencias entre su discurso y la realidad ponga en marcha un instrumento político, con alto riesgo de ser partidista, para cazar la mentira. Dan por hecho que la versión del gobierno es la verdadera y según interpreten que las acepciones distintas a la suya generen desinformación deben ser atajadas y/o perseguidas. El recelo de los medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos que aspiran a seguir viviendo en un país libre es máximo. De alerta extrema.
La noticia sale a la luz la semana que las cadenas privadas de televisión más influyentes de Estados Unidos retiran la palabra, en plena rueda de prensa en la Casa Blanca, en directo, al actual presidente, porque según ellos sus afirmaciones no se ajustaban a la verdad. La norma que se pretende aprobar en España podría impedir, por poner un ejemplo cercano y sustantivo, el ejercicio de libertad que ejercieron los medios americanos.
La paradoja no es baladí. ¿Cuál debe ser el referente de la información, el poder o el medio? ¿Quién controla al controlador?
Mientras el país está sumido en una epidemia que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y que le lleva a la miseria por la paralización de la actividad productiva, un país preocupado y con razón por su supervivencia, el supernumerario gobierno de España eleva al nivel de prioritarios aspectos marginales, otros de su interés particular y otros que ponen en riesgo la propia democracia. Se dedica a poner en marcha acciones que son vistas por muchos españoles como revanchistas y se alinea con todas las acciones destinadas a disolver los elementos básicos de la convivencia territorial, política y social. Y así se refleja en las consultas sociológicas. A los ciudadanos les preocupa, por encima de todo, la política y los políticos.
No es necesario ir tan lejos para encontrar ejemplos recientes del esfuerzo de los partidos que integran el ejecutivo de coalición social comunista en separar a los que piensan distinto que ellos, incluso en el seno de sus propias formaciones. No es casual que el Parlamento andaluz haya intentado expulsar a Teresa Rodríguez y otros siete diputados, acusados de transfuguismo, a instancias de Izquierda Unida y Podemos sin haber acreditado que hayan podido incurrir en una situación de transfuguismo. ¿Quién, en su sano juicio, puede dar credibilidad a un ejecutivo que con inusitada frecuencia ha faltado a la verdad?
Da la impresión de que se confunde de una forma peligrosa la oratoria popular de los mítines y de la propaganda electoral con las actuaciones parlamentarias y de gobierno. Poca fiabilidad pueden tener las afirmaciones de que no se trata de controlar a la prensa, ni de luchar contra las “fake news”. Hasta a la estatua del Poeta Ramón de Campoamor, ubicada en el Parque del Retiro, autor de la conocida afirmación “…nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira», se le habrán puesto los pelos como escarpias ante tan osados planteamientos, cargados de subjetivismo, arbitrariedad y relativismo hasta generalizar la confianza colectiva.
Cuídense y buen finde.