El episodio de la presidenta del Govern Francina Armengol y del conseller Marc Pons, en un bar de copas a la una de madrugada, bordeando, si no incumpliendo, las restricciones impuestas por el propio Ejecutivo autonómico en materia de relaciones sociales, vuelve a lanzarnos una vieja lección por todos conocida: Una cosa es predicar y otra dar trigo. Y es que no es difícil prever que la ciudadanía irá demostrando mayor rechazo a las medidas que se acuerdan, altamente gravosas en términos económicos y sociales, si quienes las deciden e imponen no actúan ejemplarmente. No actuaron correctamente y mintieron para tapar el escándalo.
De igual modo, no es admisible que aquellos que se proclamaron adalides de derribar los numerosos privilegios de la casta gobernante, una vez alcanzado el pode se parapeten cobardemente tras la prebenda del aforamiento para eludir una declaración ante el juez. Es lo que hacen el líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; y su secretario de organización, Alberto Rodríguez, quien se enroca en su escaño de diputado para forzar al juez que le investiga a pedir un suplicatorio al Congreso. ¿Puede el común de los ciudadanos recurrir a tales estrategias? En absoluto.
Lo mismo sucede con respecto al plus de 22.000 euros anuales que perciben los altos cargos del Govern originarios de fuera de Mallorca. Ese plus está pensado para aquellos que residen en Menorca, Ibiza y Formentera; no para los peninsulares fichados caprichosamente por Podemos para el Govern, como si no tuvieran gente de aquí suficientemente capacitada.
Ahora que el proyecto de presupuestos contempla limitar dicho plus a los residentes en Balears, la reacción de los morados ha sido airada, amenazando con votar en contra -cosa aberrante porque es el Govern en pleno, PSIB y Podemos, quien aprueba el proyecto de presupuestos-. Demuestran así que perciben como una agresión que cinco de sus compañeros pierdan un privilegio del que solo goza la casta dominante, aunque es muy correcta su exigencia de moderar la cuantía del plus y exigir que se justifique, no como sucede ahora, que sabe Dios en qué se gastan ese pastizal.
Parece increíble que haya políticos que no se den cuenta de que su incoherencia ética, aún más que política, tendrá graves consecuencias electorales. Porque hay pocas cosas peores en política que decir algo y hacer lo contrario. Eso es algo insufrible a ojos de los ciudadanos. Y estamos hartos de verlo.