La realidad es tozuda. Los datos apuntan que la segunda oleada de la pandemia por la Covid-19, en el territorio nacional, está descontrolada. La tasa de contagios, el número de ingresos hospitalarios y la utilización de camas de UCI han entrado en una progresión que no permite afirmar lo contrario.
La mejora sustancial en conocimientos y en medios para afrontar el contagio en esta segunda ola no ha sido suficiente. La fuerza de esta nueva embestida y sus graves consecuencias sobre los ciudadanos ya son difíciles de contener.
Debemos mirar al deficiente marco normativo, a una política de comunicación lamentable y a la inconsistente conciencia social como los responsables de esta nueva progresión. Ya nadie duda de que sin instrumentos legales homogéneos, ágiles y proporcionales es muy difícil desarrollar una estrategia garantista. Las maniobras de información dirigidas al titular y al “prime time” buscando el rédito partidista son socialmente ineficientes por la desconfianza y el hartazgo de la gente y la reiteración de los mensajes de contenidos confusos. Los indicadores sociométricos nos informan que los contagios se están produciendo en una franja de población muy concreta y en unas acciones claramente identificadas.
De nada sirve apuntar a las deficiencias si no se ponen en marcha las medidas dirigidas a su solución. Con la información que disponemos y los instrumentos para afrontarlas las actuaciones pasan por “acciones quirúrgicas” que sean efectivas, destinadas al corto y al medio plazo y con pocos efectos secundarios. Hace tiempo que la planificación sanitaria, mejorable pero correcta, no es el foco más importante en el deplorable control de la pandemia.
Las consecuencias socioeconómicas van a lastrar el desarrollo del país durante muchos años. La duda viene por el lado de cuantas limitaciones son directas y cuantas por debidas a la gestión. Ante esta realidad, poco discutible, cuesta entender que mientras se van tomando decisiones, en este nada fácil camino hacia el control del COVID, los ciudadanos tengan que sufrir las consecuencias de una administración general que se ha paralizado y que es incapaz dar los servicios para la que está creada.
Desde el control de la ITV, pasando por las licencias de obra y llegando a las gestiones sociales, la práctica totalidad de los organismos oficiales se muestran incapaces de ofrecer un servicio de mínimos.
Lamentarse de las desgracias y arrastrarse sobre las dificultades no es una opción. Ya que el camino se antoja largo y espinoso, es urgente que las administraciones se pongan las pilas y se esfuercen en apoyar a los desasistidos ciudadanos, más necesitados que nunca de una organización que en vez de lamerse las heridas decida por la innovación y el servicio permanente para mantenernos a flote. ¡No les queda trabajo! ¡No nos queda sufrimiento!
Buen finde