En toda España se han informado 14.430 posibles operaciones de blanqueo de capitales durante el primer semestre del año, cifra muy similar a la registrada en el mismo período de 2019, donde se detectaron 15.690 alertas. A lo largo de todo el ejercicio 2019 se contabilizaron 31.798 alertas en España, casi 10.000 más que en 2018.
El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España. Entró en vigor en marzo de 2016 y actúa con plena autonomía técnica, aunque no puede recabar o recibir instrucciones, generales o específicas, de los órganos de la organización colegial.
Su principal función es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los Registradores.
El CRAB tiene como finalidad minorar la carga de trabajo del SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera), al realizar una labor de análisis integrado, y eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa de blanqueo de capitales y la comunican a su órgano centralizado de prevención, además de darles apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones legales (control interno, verificación de sancionados, formación...).
Las principales cuestiones que valora a la hora de detectar operaciones irregulares son el uso de medios de pago opacos, los vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor (más en el Registro de la Propiedad, aunque también el Registro Mercantil puedeadvertir un cambio en el valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital).