Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley, ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.
Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.
La reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones --que lo califican de "inconstitucional"-- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --mayoritaria-- se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación "abiertamente inconstitucional" porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las Cortes.
Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un "despropósito" y va "en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho".
La propuesta tampoco ha caído en gracia en sectores del Tribunal Supremo, cuyos miembros son designados precisamente por el CGPJ, y que recuerdan que no tiene sentido que la Constitución imponga mayoría de tres quintos para que las cortes puedan elegir a los ocho vocales no judiciales y que sea otra mayoría la que necesiten las Cortes para nombrar a los doce vocales judiciales.
Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeas si el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos "perpetra un atropello a la legalidad" para rebajar la mayoría parlamentaria y poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Casado avisa que irá al TC y Europa si Sánchez "perpetra un atropello a la legalidad" con el CGPJ: "No lo permitiremos"
"No lo permitiremos", ha afirmado Casado después de que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos hayan registrado una proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP.
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El PP ya anunció la pasada semana, por boca de su secretario de Justicia de Interior, Enrique López, que estaban dispuestos a ir al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas si el Gobierno de Pedro Sánchez forzaba esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación del CGPJ con el propósito de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.