El principal motivo de esta movilización, tal como se ha apuntado desde el CESM, es el contenido del Real Decreto Ley 29/2020, aprobado la pasada semana, y que la organización que agrupa a los sindicatos médicos españoles considera inadmisible. En esta normativa, ratificada por el Gobierno central y publicada en el BOE el 30 de septiembre, se da luz verde a que, de forma excepcional y transitoria, las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria puedan llevar a cabo la contratación de profesionales que carecen de una titulación como especialistas reconocida en España, y que, pese a ello, en función de este Real Decreto, podrían ejercer funciones propias de una determinada especialidad. Para el Ejecutivo, esta medida supone aliviar la situación de insuficiencia de personal sanitario que la pandemia de la Covid 19 está generando en la sanidad española.
Los promotores de los paros entienden que la normativa "solo viene a intentar poner un parche a la nefasta política de gestión de recursos humanos que se ha hecho desde las distintas administraciones". Además, en este caso concreto, el CESM considera que las actuaciones que se están llevando a cabo en España, en materia de política sanitaria y asistencial, "ponen en peligro la calidad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en perjuicio de los pacientes y de los profesionales", cuyas condiciones laborales, a su juicio, se hallan en serio riesgo.
La agrupación de sindicatos recuerda que la situación actual de pandemia que atraviesa el país motivó que, en su momento, se dejaran de lado las movilizaciones previstas para reclamar una mejora en las expectativas salariales y profesionales de los médicos. Entre las reivindicaciones a las que alude el colectivo se halla la necesidad de arbitrar actuaciones que pongan punto y final a la precariedad y la temporalidad que, según su punto de vista, caracterizan al sistema sanitario actual en España.
Ahora, nueve meses después de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central, el CESM argumenta que la pandemia "no puede servir como coartada para desmantelar un sistema que tantas veces ha sido elogiado" como una de las mejores estructuras asistenciales de Europa y del mundo.
En base a todos estos argumentos, desde el CESM se ha dado a conocer la convocatoria de esta huelga nacional de médicos, con punto de partida concreto, el próximo 27 de octubre, y una demanda muy específica en el punto de mira: la inmediata retirada del Real Decreto Ley 29/2020 y el inicio de las negociaciones que puedan solucionar la que, para el CESM, constituye "una grave situación de abandono que padecen los profesionales".
Para los sindicatos, una vez más, tanto el Ministerio de Sanidad como el resto de administraciones con competencias en el ámbito asistencial y hospitalaria, han arbitrado medidas que afectan directamente a los médicos "sin tener en cuenta sus propuestas de mejora o sus conocimientos".
El Real Decreto Ley objeto de la controversia fue aprobado por el Gobierno el pasado 29 de septiembre y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se hizo efectiva un día después, bajo el epígrafe de 'Medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19'.
De entre todos los puntos que se recogen en la normativa, el que ha suscitado el rechazo de las organizaciones sindicales que representan al colectivo médico viene contemplado en el artículo 2 del Real Decreto.
En esta disposición, el Gobierno proclama que "se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación por parte de las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad".
Más específicamente, el artículo señala que "podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, los profesionales de cualquier titulación que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza".
Al mismo tiempo, la normativa estipula, en el apartado B del artículo 2, que "podrán ser contratados los profesionales sanitarios con título de Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de Especialista en Ciencias de la Salud, siempre que el Comité de Evaluación les haya emitido el informe-propuesta regulado en el artículo 8.b), c) o d) del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril"
Finalmente, el Real Decreto incide en el hecho de que "el contrato que se suscriba permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses".
Por su parte, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) ha acordado un calendario de movilizaciones en todas las comunidades autónomas, que se concreta en concentraciones los próximos días 13, 20 y 29 de octubre, para reclamar una sanidad pública que "dignifique a los profesionales". Estas concentraciones se celebrarán en centros de atención primaria (el día 13) y en la atención especializada (el día 20), así como el día 29 de octubre ante el Ministerio de Sanidad.
Según CSIF, la pandemia "ha hecho más visible y ha evidenciado las carencias existentes desde hace muchos años en el Sistema Nacional de Salud en el que los profesionales han luchado y siguen luchando con las armas que le han dejado".
A su juicio, "la pasividad de las administraciones, la falta de negociación y la situación que están sufriendo los profesionales de la sanidad, sintiendo que se tambalea el Sistema Nacional de Salud" hace obligatorio "salir a la calle para que se escuche la voz de los trabajadores".
Entre sus reivindicaciones cabe remarcar la implantación urgente de la reforma necesaria de atención primaria adaptada a la situación epidemiológica actual o a otras crisis sanitarias que puedan acontecer en un futuro, un aumento de la financiación del gasto sanitario respecto al PIB del 7,2 por ciento, y situar al primer nivel asistencial en el 25 por ciento del total del presupuesto orientado a la atención médica.