"Si Sánchez no defiende los intereses de España, si se le cae ya la careta y revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España", ha afirmado Casado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, haya anunciado que la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del 'procés' comenzará la próxima semana.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, ha avanzado que si la medida de gracia llega a aprobarse su formación acudirá al Supremo. A su entender, no se trata de un "lapsus" sino que forma parte del "cronograma" que el Gobierno tiene planteado para esta legislatura.
Tras asegurar que ya en campaña electoral Pedro Sánchez no aclaró si indultaría a los líderes independentistas, ha asegurado que se trata de un hecho de una "extraordinaria gravedad" que "la propaganda, los eslóganes y las mentiras del Gobierno no deberían ocultar".
Casado ha dicho que espera que el PP, que ejerce una oposición "firme y legítima", pueda "parar" lo que está pasando pero ha señalado que hay partidos "de ámbito regionalista y nacionalista que deberían ser conscientes de lo que está pasando" y denunciarlo.
Tras subrayar que las ideas en España "no se persiguen", ha recalcado que en este caso están hablando de delitos cometidos por los dirigentes independentistas. "Cuando se comete un delito, robar en un supermercado o declarar la independencia de una de las comunidades de España alentando la violencia en varias manifestaciones previas, eso no puede tener un indulto", ha resaltado.
Casado ha aprovechado para denunciar la "degradación institucional" que está sufriendo España y ha señalado que "no tiene parangón en ningún país del entorno". "Tiene que detenerse ya", ha solicitado, asegurando que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha convertido en "abogada defensora de Podemos y comisaria política al servicio" del PSOE.
Dicho esto, ha resaltado que el PP no va a ser "cómplice y palmero de esa degradación institucional" sino que será "un freno a la deriva" que, a su juicio, "está rozando los límites de lo que una democracia parlamentaria puede soportar".