A la sorpresa e indignación que ha provocado en España la decisión del Reino Unido de exigir cuarentena a todos los viajeros que entren en el país, incluidos los que regresan de sus vacaciones, ha seguido una demanda generalizada al Gobierno de Madrid para que inicie acciones diplomáticas urgentes que permitan reconducir la situación. Tanto el sector turístico como el que representan el resto de actividades complementarias -restauración, transportes...- han expresado un gran desánimo y, en muchos casos, una sensación de sentirse desamparados ante una situación que sólo puede negociarse entre gobiernos.
Ante la vuelta de tuerca que supuso, el lunes, el rechazo a excluir a Baleares y Canarias de la norma aplicada al resto de España por parte del ejecutivo de Boris Johnson, el presidente Pedro Sánchez esgrimió una tibia condena calificando la medida de "error" y "desajuste", y afirmando que España y Reino Unido son "dos gobiernos amigos con muchos lazos comerciales, intereses económicos y geopolíticos".
Por otra parte, a la tímida respuesta de Sánchez se sumaron el mismo lunes las desafortunadas declaraciones del portavoz del Gobierno para la pandemia, Fernando Simón, valorando positivamente las decisiones adoptadas por el Reino Unido y Bélgica, sobre las que consideró que permitirán un mejor control sanitario de la situación en España. "Es un riesgo que nos quitan", dijo el doctor Simón.
El sector ha reaccionado indignado por las afirmaciones de quien habla en nombre del gobierno de la nación y que parece celebrar con estas declaraciones la ruina de un sector que supone más del 12,5 por ciento del PIB y el 13 por ciento del empleo del país.
El principal sector económico del país no puede tener la impresión de que no sólo no se hace nada ante la crisis desatada, sino que además se le menosprecia con declaraciones que han sentado como un insulto.
Sánchez haría bien en descalificar las declaraciones de Simón y marcar en su agenda una intervención urgente ante el ejecutivo de Downing Street, haciendo valer la realidad epidemiológica de territorios como Baleares para lograr el establecimiento de un corredor sanitario seguro que incluya pruebas PCR. No hacerlo de forma inmediata, o intentarlo siquiera, comprometería la reputación internacional del país que preside y equivaldría a dar por buena la ruina a la que pueden verse abocados una parte muy significativa de los ciudadanos españoles.