No seré yo quien ponga la mano en el fuego por nadie. Tampoco por los dirigentes de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) que están bajo la lupa de la Justicia y fueron detenidos el jueves y el viernes. Y menos aún cuando apenas ha trascendido información sobre la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción número tres de Palma a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Pero no es la primera vez que presenciamos un despliegue de esta magnitud y que luego queda en nada o en muy poco, excepto con el prestigio y el buen nombre de los investigados absolutamente triturado.
La presunción de inocencia que ampara al todavía presidente de la APB, Juan Gual de Torrella, y al resto de cargos públicos que fueron detenidos, es ahora mismo papel mojado si nos atenemos a la práctica totalidad de titulares de los medios de comunicación. Todos ellos son ya presuntos delincuentes y eso que la Guardia Civil los dejó a todos en libertad y no los puso a disposición de la autoridad judicial.
Se diría que fueron detenidos para evitar que pudiesen destruir pruebas antes de los registros que fueron llevados a cabo el viernes. Pero no hay certeza alguna de que lo hubiesen intentado siquiera. Y bien pudieron ser detenidos el viernes a primera hora, pero se optó por arrestarles el jueves por la tarde y que pasasen la noche en los calabozos, algo que como medida preventiva se antoja excesivo. Además, los registros en Mahón e Ibiza dan cierta sensación de pesca de arrastre, a ver qué pillamos, en lugar de una pesca selectiva con caña, para evitar esquilmar la fauna marina.
La prudencia y sobre todo, la presunción de inocencia en una causa declarada secreta, debería llevarnos a evitar condenas prematuras. Que parece que algunos no han aprendido nada del caso Cursach. Tiempo habrá si es que hay pruebas, que ahora es lo que se busca.