El 13 de abril de 1655 Luis XIV dijo “El Estado soy yo” para recordar al parlamento que era él el que estaba al frente de los asuntos de Estado, no ellos. Algo parecido nos ocurre 365 años después, con Pedro Sánchez, desde su gobierno con los enemigos del Estado.
Es tener más que mala suerte que para gestionar la crisis y afrontar las consecuencias sanitarias, políticas y económicas del COVID-19 haya coincidido con un Gobierno como el actual, pero siempre alguien de fuera, o incluso de dentro, puede recordarnos el dicho de que tenemos lo que “nos merecemos”.
Una buena gobernanza debe asentarse en la autonomía del poder ejecutivo dentro de unos límites que no deben sobrepasarse, dada su representación limitada. Esto tiene que ver, entre otros casos, con que el uso abusivo, por repetitivo, de mayorías exiguas para obtener aprobaciones parlamentarias, es una práctica legal, pero penetra en el terreno de lo ilegitimo y alimenta la ruptura social. Y de cualquier forma, tomarlo como norma es una insensatez.
El Tribunal Constitucional tiene tasada su jurisdicción, en lo referente a mantener la acción constitucional en el ordenamiento y la protección de derechos fundamentales, pero algo que no puede impedir el Constitucional es la falta de lealtad del gobernante cuyo fin es alterar el orden establecido, en un ejercicio de sutil manipulación; a veces incluso irrefutablemente grosero. Qué es eso de la “cogobernanza” Estado/Comunidad o Comunidades, ¿está en la Constitución? Metamorfosis se llama la figura, después del Covid-19 España será una democracia popular “co-gobernada” en varios idiomas y dialectos, con instituciones ad hoc, según las circunstancias. Quedarán anuladas las libertades de educación y la de información, se institucionalizarán discriminaciones por sexo, edad, minusvalías, etc.
Todo ello se hará de forma espontánea, a medida que la ocurrencia, el titular informativo, la moda; lo aleatorio se impongan. El famoso “camarote” funcionará a tope, con su moto “yo no tengo valores, pero si se ponen de moda digo que los tengo”.
Y nos encontramos ante una clara extralimitación de funciones: Cuando se gobierna por decreto, cuando se trafica con la igualdad entre españoles para alcanzar débiles mayorías parlamentarias, cuando se utilizan medios públicos para beneficio partidista, cuando se abusa de dichos medios con el fin de publicitar las resoluciones del Consejo de Ministros, cuando parte de los miembros de ese Ejecutivo hacen continuas y públicas declaraciones de derogar la Constitución, cuando desde el Gobierno se promueven dinámicas polarizadoras de la sociedad referentes a identidades colectivas…
Un miembro del Gobierno solo debe ser capaz de una lealtad, y esa se la debe al Estado. Su mayor preocupación no puede ser mantener vivo al Gobierno, las ansias de poder.
Es lamentable que el Vicepresidente del Gobierno, desde su cargo, atente directamente contra la Constitución, con el silencio cómplice del Presidente. Cuando en un estado democrático se pierden las mas elementales formas, por una persona obligada a mantenerlas, algo fundamental se ha perdido. En este caso hablar de libertad de expresión es lo mismo que negar el derecho de defensa a un acusado de revelación de secretos.
Malos tiempos para nuestra querida España, que ha entrado en una peligrosa deriva autoritaria, ante la atrofia de las instituciones, el desprestigio internacional y la ausencia talento para gestionar la crisis.