En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso, que fue conocido este lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación. Así, la magistrada rechaza la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.
En cuanto a los informes requeridos al CCAES, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid afirma que las dificultades para obtenerlos ha sido expresada por los propios agentes de la policía judicial en sus informes remitidos al juzgado, y que esta es la razón por la que determinados oficios que ella firmó tuvieran plazos de entrega.
Recuerda que, por lo que han declarado los investigadores del caso según la información que trasladan los agentes, "la documentación ya estaba recabada" por este organismo de Sanidad "según lo que los mismos empleados públicos manifestaban", es decir, que "el trabajo ya estaba hecho".
"Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material y en tal sentido el dictado de la providencia, que, por tanto, se mantiene en sus propios términos", explica.
Por otro lado, la juez Rodríguez-Medel también rechaza el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020. El delegado del Gobierno está llamado a declarar este miércoles.
La instructora remarca que "esas instrucciones internas no son objeto de investigación", algo que ella misma ya ha "concretado en resoluciones anteriores", pues sí lo son las "decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones". No obstante, cree que esto "no impide recabar" esas recomendaciones de Franco, ya que las considera "útiles para la investigación", pues "permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones".
"El recurso, por tanto, tiene que ser desestimado, dado que la diligencia de investigación acordada en la providencia recurrida es, a juicio de esta instructora, de clara utilidad a la investigación", insiste Rodríguez-Medel en su auto.