Atribuyen a Churchill la frase “Politics makes strange bedfellows”, frase que luego traería Manuel Fraga a la política patria para justificar su alianza electoral con Laureano López Rodó al fundar Alianza Popular, aunque en realidad la frase original la encontramos en la obra de Shakespeare "La Tempestad", en la que el insigne autor pone en boca de uno de sus personajes una expresión muy parecida, pero no idéntica: "la miseria pone en contacto a un hombre con extraños compañeros de cama".
Y es que solo con esta expresión, que llega al lenguaje de la política para poder justificar determinadas actuaciones a las que obligan las estrategias de partido, se puede entender que se esté dando «cancha» a las increíbles afirmaciones que sustentan la creación de un nuevo impuesto que ya se ha bautizado como la Tasa Covid, y que está evidenciando las discrepancias y el rechazo del mismo por las propias Ministras más técnicas y solventes del Gobierno.
Sin entrar en la necesidad del carácter progresivo y redistributivo del sistema tributario, que nadie hoy se atrevería a poner en duda, sí que creo importante que nos paremos a analizar tanto el fundamento económico real como las verdaderas consecuencias de la propuesta.
Si analizamos su alcance económico, los supuestos 11.000 millones de recaudación que se van a obtener, debemos recordar que en la actualidad el Impuesto de Patrimonio, que sería la base del nuevo impuesto, no recauda anualmente más de 1.200 millones de euros, de forma que difícilmente con una estructura similar se podrán alcanzar dichas cifras, salvo que se eleven los tipos impositivos hasta límites confiscatorios o se eliminen los beneficios fiscales más importantes que existen hoy en este impuesto: la exención de los bienes afectos a actividades económicas y las acciones y participaciones en empresas familiares.
Y así, si estudiamos los datos que sobre el Impuesto del Patrimonio publica la Agencia Tributaria, vemos que en la actualidad el importe de los bienes exentos por estar afectos a actividades económicas y productivas asciende a la nada desdeñable cifra de doscientos setenta y dos mil millones de euros.
La empresa familiar supone en España un 70% del PIB y del empleo privado y, además, es estandarte de elementos esenciales como son el arraigo al territorio, que conlleva un menor riesgo de deslocalización de empresas, o una mayor fortaleza para afrontar los periodos de crisis económicas, lo que ha llevado a que las propias instituciones europeas, desde la Recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre, hayan legislado en aras a lograr un trato favorable a las mismas en materia de fiscalidad, financiación, y competitividad a fin de asegurar su supervivencia y su transmisión de padres a hijos.
Y todos los países de la Unión Europea, incluida España, han seguido las recomendaciones y han regulado distintos regímenes fiscales, con mayor o menor fortuna, para favorecer a la empresa familiar. En concreto, en nuestro país, desde finales de los años ochenta, se han ido aprobando y manteniendo por todos los Gobiernos, del signo que fuesen, distintas normativas consistentes fundamentalmente en la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio para actividades económicas y participaciones en empresas, siempre con marcado accionariado familiar, que desarrollen actividades económicas, y la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. E igualmente las Comunidades Autónomas, aquí con mas altibajos y no con la ambición que hubiera sido deseable en todas ellas, han impulsado igualmente políticas tributarias dirigidas a su protección.
No es necesario hacernos trampas al solitario, un impuesto como el que se plantea solo servirá para incrementar la presión del empresario medio, ya que las grandes fortunas trasladarán sus domicilios a otras latitudes o establecerán estructuras empresariales licitas, pero ajenas al impuesto.
Por ello, que hoy un partido que es el ganador de unas elecciones, y que sin duda ha sido un elemento esencial para el progreso y la evolución de nuestro país en democracia, termine cediendo a las imposiciones de un socio que desconoce lo que es y como funciona siquiera una empresa, es a mi juicio un error de bulto que puede hacer realidad, pero en negativo, la famosa frase de Don Alfonso Guerra, un político de “raza” en extinción, cuando dijo "el día en que nos vayamos, a España no la va a conocer ni la madre que la parió".