El rescate de la concesión del túnel de Sóller acordado por el Consell de Mallorca en 2017 ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma. La sentencia da la razón a la concesionaria, Globalvia, al considerar que no quedan acreditadas las razones de interés público esgrimidas en su día por la institución que entonces presidía Miquel Ensenyat.
El Consell optó en ese momento por no esperar a que concluyese la concesión en 2022 y rescató la infraestructura para que pasara a ser gestionada directamente por la institución, sin coste para los conductores cada vez que pasaban la barrera. Para ello tuvo que abonar a Globalvia algo más de 16 millones de euros, la mitad de lo reclamado por la concesionaria. Junto al citado interés público, el argumento principal esgrimido por el equipo de gobierno insular fue que la operación formaba parte de los acuerdos previos establecidos entre las fuerzas de izquierda a la hora de pactar el gobierno del Consell.
El fallo judicial -que no es firme y por tanto puede ser recurrido, como así lo ha anunciado ya el actual equipo al frente del Consell- significa que las prisas por acabar con un peaje, al que le quedaban apenas unos años de vigencia, pueden tener un impacto notable en las cuentas de la institución insular y, de forma indirecta, en todos los ciudadanos de la isla.
Esta sentencia se suma a otras muchas que, desde el gobierno de Francesc Antich, acumulan las instituciones de Baleares por recalificaciones de solares y acciones similares. Una falta de seguridad jurídica a la hora de adoptar decisiones desde el poder que se ha saldado con indemnizaciones que suman más de 200 millones de euros; un dinero que sale de las arcas del erario público y que ya no podrá ser empleado en proyectos para la ciudadanía. En el caso del túnel, la operación podría suponer una factura de más de 30 millones de euros para el Consell; una cantidad que en puertas de una crisis como la que se avecina aflige doblemente.
Es difícil que haya alguna asunción de responsabilidades políticas. Al fin y al cabo, en todos estos casos, los equipos que tomaron las decisiones ya no están en las instituciones y son otros -del mismo o de diferente color- quienes pagan la factura por cuenta de los ciudadanos, que son los grandes perjudicados. Por justo que parezca el fin -como es el caso de conseguir la gratuidad de uso para el túnel de Sóller- las formas deben respetarse sin ser víctima de las prisas ni del empeño de hacerse una foto de cara a los electores. Esperar a que acabara la concesión parecía lo más sencillo y, además, salía gratis.