Desde finales de enero, el Gobierno español fue alertado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) del "muy alto" riesgo de transmisión del coronavirus entre la población. El dato lo recogía este jueves el sindicato de enfermería Satse para denunciar que las autoridades españolas hicieron caso omiso de las recomendaciones europeas durante seis semanas, hasta que a mediados de marzo se decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario de los ciudadanos.
La enfermedad ya suma en nuestro país más de 180.000 contagios y se acerca a los 20.000 muertos sin que haya visos de volver a la normalidad en un periodo corto de tiempo. El coronavirus nos está acercando, además, a una profunda crisis económica que se agravará durante los próximos meses, con previsiones para España que equiparan el daño al sufrido en el periodo de postguerra con un recorte anual de 8 puntos en el crecimiento del país.
Hoy en día el coronavirus se sitúa como la principal preocupación de los españoles -según señalaba el CIS este mismo miércoles- y, si bien es cierto que la percepción del peligro a finales de enero no era la misma que ahora, sí era responsabilidad de las autoridades adelantarse a cualquier escenario; sobre todo, si se contaba con recomendaciones precisas desde Europa.
Muy al contrario de esta previsión, desde finales de enero hasta mediados de marzo -cuando se decretó el estado de alarma-, en España se celebraron manifestaciones y concentraciones multitudinarias, así como eventos deportivos, culturales y políticos, con la afluencia de miles de personas. Que esos acontecimientos se convirtieron en un foco de contagio y propagación de la enfermedad no lo duda nadie, de forma que las cifras podrían ser otras si el Gobierno hubiera adoptado antes las medidas de contención que se aplicaron después. Sólo habría que haber seguido las indicaciones provenientes de Europa. Y no ampararse en que se trata de una calamidad mundial, ya que hay países muy próximos donde las consecuencias del virus están siendo infinitamente menores.
Inmersos aún en la tragedia que supone la pérdida de más de 500 personas cada día, habrá que esperar a la salida de la crisis para exigir una rendición de cuentas. Habrá, seguro, quienes reclamarán comisiones de investigación o quienes llegarán a denunciar el tema ante la justicia. Los afectados son, de forma directa, decenas de miles de ciudadanos y, de forma indirecta, el resto de españoles. Es mucho sufrimiento y mucho perjuicio colectivo para que, al menos, se sepa si ha sido una cuestión de incompetencia o una grave irresponsabilidad. En ambos casos serán necesarias respuestas y consecuencias.