El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que promoverá unos nuevos Pactos de la Moncloa entre todas las fuerzas políticas y sociales para hacer frente a la situación en la que va a quedar el país tras la crisis del coronavirus. Apelar al diálogo y al consenso siempre resulta una buena receta. En 1977 -tras la primeras elecciones democráticas de la Transición y antes de aprobar la Constitución- partidos, sindicatos y organizaciones empresariales consensuaron la forma de enfrenar una crisis económica que había disparado la inflación por encima del 25 por ciento y ponía en riesgo la incipiente democracia.
A diferencia de entonces, España se halla hoy bajo el paraguas de la Unión Europea y su estructura política no tiene amenazas de consideración. Sin embargo, los riesgos de adoptar decisiones en solitario y las tentaciones de algunos de derivar la solución del problema de base hacia enfoques que podrían alejarse del sentir general, pueden suponer un gran perjuicio para la economía y el progreso social.
No es lo mejor que formaciones no mayoritarias lideren una parte capital de esta crisis incipiente. Podemos -sobrerrepresentado en el actual Gobierno con una vicepresidencia y cuatro ministerios- debe tener en la nueva negociación el peso que le corresponde como cuarta fuerza política del país. Los dos grandes partidos nacionales, los sindicatos mayoritarios y las patronales de grandes y pequeñas empresas deben correr con el peso de los nuevos Pactos de la Moncloa que quiere Sánchez. Todo lo que no pase por ahí, será papel mojado y un lastre para la recuperación del país.
Que esta crisis tendrá consecuencias políticas -de la misma manera que las tiene sanitarias y económicas- no parece estar en duda. Sánchez, que aspira a permanecer en Moncloa, tiene ahora, pues, su gran oportunidad política en la elaboración de estos nuevos pactos. Y para ello debe actuar con la mayor amplitud de miras posible. No hace falta -de momento- llegar a un gobierno de concentración, pero sí alcanzar acuerdos con aquellos que representan a la mayor parte de ciudadanos en lo político y a quienes representan a los grandes agentes económicos del país. De todos ellos debería salir un amplio acuerdo en el que no sería descartable un presupuesto de reconstrucción nacional pactado con el mayor consenso posible.
Si se pudo hacer en 1977, no hay razones para pensar que la fórmula de éxito de entonces no pueda reeditarse, sin trincheras y con la mayor generosidad. Para superar una crisis económica sin precedentes que puede desestabilizar el país y por el interés general de todos los ciudadanos.